España se sitúa entre los países de la Unión Europea con mayores niveles de privación material y social severa. El 8,1% de la población española sufre esta situación, frente al 6,3% de la media comunitaria. La situación es todavía más preocupante en los hogares con hijos menores de 16 años, donde el porcentaje se eleva hasta el 10,7%, según un informe de Funcas basado en datos de Eurostat.
Pese al crecimiento económico y al aumento del empleo registrados en los últimos años, una parte importante de la población continúa teniendo dificultades para cubrir necesidades básicas. Los datos reflejan, además, un empeoramiento de la posición de España respecto a otros Estados miembros de la UE durante la última década.
España escala hasta el quinto puesto en pobreza severa en la Unión Europea
El informe de Funcas sitúa a España en la quinta posición entre los 27 países de la Unión Europea con una mayor tasa de privación material y social severa. Esta clasificación contrasta con la situación de 2015, cuando el país ocupaba el decimoquinto lugar.
Hace diez años, el indicador español se situaba en el 7,4%, por debajo del 9,7% de la media europea. Sin embargo, la evolución posterior ha sido menos favorable que la registrada en numerosos países comunitarios, que han conseguido reducir sus niveles de privación.
En la actualidad, España no solo supera la media europea, sino que presenta una tasa superior a la registrada en 2015. Esta tendencia evidencia las dificultades que persisten para trasladar los avances macroeconómicos a una mejora efectiva de las condiciones de vida de toda la población.
La pobreza severa afecta al 10,7% de los hogares con hijos menores
Las familias con niños se encuentran entre los colectivos más afectados por las dificultades económicas. De acuerdo con los datos recogidos por Funcas, el 10,7% de los hogares con menores de 16 años experimenta privación material y social severa, una proporción muy superior al 8,1% del conjunto de la población española.
La diferencia también se aprecia al analizar exclusivamente las carencias materiales. En este caso, el indicador alcanza el 8,5% entre los hogares con hijos, frente al 7,6% correspondiente al total de la población.
Estas cifras ponen de manifiesto los problemas a los que se enfrentan numerosas familias para asumir los gastos habituales, mantener unas condiciones de vida adecuadas y participar en actividades sociales y de ocio.
¿Qué se considera privación material y social severa?
La Unión Europea utiliza este indicador para identificar a las personas que no pueden permitirse determinados bienes, servicios o actividades considerados necesarios para mantener unas condiciones de vida dignas.
Según la metodología europea, una persona se encuentra en situación de privación material y social severa cuando no puede acceder, por motivos económicos, a al menos siete de los trece elementos establecidos en la lista de referencia.
Entre estas carencias figuran la imposibilidad de sustituir la ropa deteriorada, la falta de dinero para gastos personales o las dificultades para participar con regularidad en actividades sociales y recreativas.
Este indicador permite evaluar las limitaciones económicas que experimentan los hogares más allá de los ingresos y ofrece una perspectiva sobre las dificultades reales para cubrir necesidades cotidianas.
Los mayores de 65 años registran una tasa de privación mucho menor
La situación de las personas mayores presenta diferencias significativas respecto a la de las familias con hijos. Entre los ciudadanos de más de 65 años, la tasa de privación material y social severa se sitúa en el 4,7%, menos de la mitad del porcentaje registrado entre los hogares con menores.
Además, este colectivo ha experimentado una evolución favorable en los últimos años. En 2018, la tasa alcanzaba el 8,1%, por lo que el descenso posterior refleja una mejora de sus condiciones económicas en relación con este indicador.
El informe destaca así la diferencia entre la situación de los mayores y la de las familias con niños, que continúan soportando niveles de privación superiores a los del conjunto de la población española.
El crecimiento económico no frena las carencias de los hogares más vulnerables
Uno de los aspectos más destacados del análisis de Funcas es la evolución desigual de la privación en España y en el resto de Europa. Durante la última década, varios países del este y del sur del continente han conseguido reducir sus niveles de carencias materiales y sociales.
España, por el contrario, se encuentra entre los Estados miembros donde el indicador ha aumentado o apenas ha experimentado cambios significativos.
Esta evolución plantea interrogantes sobre la capacidad del crecimiento económico y de la creación de empleo para mejorar las condiciones de vida de los hogares con menos recursos. Aunque los indicadores macroeconómicos reflejan una expansión de la actividad, los datos de privación muestran que sus beneficios no están llegando de forma suficiente a todos los sectores de la sociedad.
Funcas subraya la importancia de reforzar las políticas de apoyo dirigidas a las familias con menores, uno de los grupos que presenta mayores dificultades económicas según las estadísticas analizadas.
España afronta el reto de reducir la pobreza infantil y la exclusión social
Los datos dibujan un escenario preocupante para el bienestar social en España. El país mantiene una tasa de privación material y social severa superior a la media de la Unión Europea y ocupa una de las posiciones más desfavorables de la clasificación comunitaria.
La situación es especialmente delicada entre las familias con hijos menores de 16 años, cuya tasa alcanza el 10,7%, frente al 4,7% de las personas mayores de 65 años.
El informe de Funcas pone de relieve la necesidad de prestar una mayor atención a los hogares vulnerables y de evaluar hasta qué punto las políticas económicas y sociales contribuyen a reducir las desigualdades.
El desafío no consiste únicamente en mantener el crecimiento del PIB o aumentar el número de personas ocupadas, sino también en garantizar que las mejoras económicas se traduzcan en unas condiciones de vida más dignas para la población y, especialmente, para los niños y las familias que afrontan mayores dificultades.
