La familia desahuciada en Vitoria podría estar sumando hasta 2.453 euros al mes en ayudas sociales, según una estimación que atribuye a un informe municipal el diario El Correo y que recoge 20minutos. La cifra ha abierto un debate político y ha sido desmentida por el sindicato que respalda a la familia, que la califica de falsa. El propio texto de partida advierte de que no se puede afirmar cuánto percibe exactamente la familia por cada concepto, ni que todas las prestaciones se cobren por su cuantía máxima.

De dónde sale la cifra de 2.450 euros

El desahucio de una familia marroquí con seis hijos menores en el barrio de Sansomendi acabó, según el titular de 20minutos, con dos detenidos, 19 policías heridos y 58 personas identificadas. Después, trascendió que la unidad familiar percibe alrededor de 2.450 euros mensuales en prestaciones públicas. Según El Correo, que cita un informe al que tuvo acceso, la familia cuenta con el Ingreso Mínimo Vital, la Renta de Garantía de Ingresos, la Prestación Económica de Vivienda y complementos vinculados a la infancia. También se mencionan ayudas de emergencia social y el apoyo del Banco de Alimentos.

Abascal y Albiol piden revisar los criterios

Santiago Abascal y el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, reclamaron revisar los criterios de concesión de estas ayudas. Abascal criticó en un mitin el sábado que unas personas que, a su juicio, no deberían estar en España estuvieran ocupando una vivienda mientras eran mantenidas con dinero público. LaBandera ya contó cómo Vox propone priorizar a los españoles en el acceso a la vivienda social.

Las cinco ayudas, una a una

1. Ingreso Mínimo Vital (IMV). Es una prestación estatal de la Seguridad Social para garantizar unos ingresos mínimos. En 2026, la renta garantizada para una unidad de dos adultos y tres o más menores asciende a 1.613,92 euros mensuales. Es la referencia máxima, no necesariamente lo que cobra la familia, ya que se descuentan los ingresos computables. Exige residencia legal y efectiva en España durante el año anterior, salvo excepciones, y cumplir los límites de renta y patrimonio.

2. Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Es una prestación autonómica gestionada por Lanbide, compatible con el IMV, a la que funciona como complemento. La cuantía base en 2026 es de 583,07 euros mensuales, con un 50% más para el titular, otro 50% para el segundo adulto y un 30% por cada uno de los restantes miembros.

Sobre esta prestación, el informe municipal recogido por El Correo constata que la familia estuvo de viaje 38 días en el verano de 2026, lo que provocó una penalización de 354,74 euros. Lanbide permite salir de Euskadi un máximo de 30 días por año natural; si la ausencia supera ese periodo y afecta a todos los miembros, puede suspenderse el derecho.

3. Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI). Es una cuantía adicional del IMV por cada menor: 115 euros mensuales por niño menor de tres años, 80,50 euros entre tres y seis años y 57,50 euros entre seis y 18 años. Exige que los ingresos del ejercicio anterior estén por debajo del 300% de la renta garantizada y que el patrimonio neto no supere el 150% de los límites generales.

4. Prestación Económica de Vivienda (PEV). El Gobierno Vasco la concede a quienes tienen reconocido el derecho de acceso a una vivienda pero no pueden recibir un alojamiento público por falta de disponibilidad. Puede alcanzar los 300 euros mensuales, sin superar el alquiler del contrato, y exige estar inscrito en Etxebide y residir en Euskadi.

5. Ayudas de Emergencia Social y Banco de Alimentos. Las primeras son prestaciones no periódicas para gastos concretos como alquiler, suministros o alimentación. El apoyo del Banco de Alimentos, en cambio, no es un ingreso monetario y no debe sumarse como si fuera una transferencia mensual.

La respuesta del sindicato: "es falso"

La portavoz del Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, Karla Pisano, afirma en una carta que el dato es falso, porque se trata de una estimación que el propio medio hace según las circunstancias de la familia. Admite, eso sí, que reciben ayudas sociales, como debería recibirlas cualquier persona en situación de vulnerabilidad. El Ayuntamiento, por su parte, habría descartado darle un piso a la familia al recibir ayudas y rechazar recursos, según el titular de El Correo.

Un caso que recuerda a otros

No es la primera vez que el importe de las ayudas a una familia inmigrante genera polémica. LaBandera informó de que una familia marroquí recibe más de 4.000 euros en ayudas en Navarra, y ya había contado el desahucio de Vitoria en la carga de la Ertzaintza contra la acampada que frenaba el desahucio.

Lo que queda por aclarar

El debate gira en torno a una cifra que nadie ha acreditado con el desglose oficial. Para saber cuánto cobra realmente la familia haría falta el detalle de cada prestación, que corresponde a la Seguridad Social, a Lanbide y a los servicios sociales. Mientras tanto, la discusión política sobre los criterios de acceso a las ayudas sigue abierta en plena campaña del 29-N.