El juez José Ignacio Vilaplana ha imputado a 18 personas, entre ellas Juan María González Mejías, sobrino de Felipe González, en una pieza de la macrocausa por las ayudas a los extrabajadores de Santana Motor. Según informa El Debate, los investigados son ex altos cargos de la Junta de Andalucía y de la agencia IDEA, y el magistrado sostiene que habrían movido dinero público sin los controles ordinarios. Todos ellos son investigados, no condenados, y gozan de presunción de inocencia.
Quiénes son los investigados
Entre los imputados figura Francisco del Río Muñoz, que fundó y dirigió el Gabinete Jurídico de la Junta entre 1982 y 2012 y que formó parte del Consejo Rector de IDEA. Es el histórico jefe de los letrados de la Junta. El sobrino de Felipe González, Juan María González Mejías, fue miembro del Consejo Rector de IDEA, no jefe de letrados.
También están investigados Antonio Ávila Cano, exconsejero de Economía y expresidente del Consejo Rector de IDEA; los antiguos viceconsejeros Luis Nieto Ballesteros y Justo Mañas Alcón; el exdirector general de IDEA Antonio Valverde Ramos; y los vocales del organismo Francisco José Morillo Sánchez, Juan Carlos Soriano Hernández, Francisco Triguero Ruiz e Isabel de Haro Aramberri.
Prevaricación, malversación y falsedad
La causa investiga presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental en la aplicación del Plan Linares Futuro. Se abrió en marzo de 2025 en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. El perjuicio atribuido asciende a 2.776.265 euros.
Qué habrían hecho, según el juez
El auto describe varias prácticas presuntamente irregulares:
- El uso de "transferencias de financiación" de IDEA, que permitían mover dinero sin los controles ordinarios.
- El pago de anticipos de supuestas ayudas a 750 extrabajadores "sin sujeción al procedimiento legalmente establecido", por un total de 919.032,35 euros.
- Tras la liquidación de Santana Motor el 29 de abril de 2011, ampliaciones de capital de su filial Incuba que canalizaron más de 44 millones de euros.
- Un préstamo de unos 1,5 millones de euros (1.497.343,36) a la Asociación Promoción Social 28 de Febrero, un contrato que el juez considera "una ficción" para dar apariencia de legalidad a desembolsos de fondos públicos.
- La supuesta recolocación de trabajadores en cinco empresas tecnológicas que nunca se instalaron en Linares.
Otros 359.889,34 euros se habrían repartido entre extrabajadores de Matresur.
El calendario de declaraciones
El juez ha citado a seis testigos el 23 de noviembre y a los investigados los días 24 y 26 de noviembre y el 1 de diciembre. Francisco del Río comparece el 26 y Juan María González Mejías el 1 de diciembre. Las citas llegan en plena campaña electoral del 29-N.
Un goteo de causas en la Junta socialista
El caso se suma a una larga lista de procedimientos sobre la gestión de los fondos públicos por los gobiernos socialistas andaluces. LaBandera ha recopilado en el Archivo PSOE los escándalos, las causas judiciales y las polémicas de los ocho años de Sánchez, y ha informado de que un informe cifra en más de 5.400 millones el impacto económico de los casos de corrupción vinculados al Gobierno y al PSOE.
Lo que falta por saber
El texto de partida no recoge la versión de los investigados ni de sus defensas, por lo que su posición queda pendiente de las declaraciones judiciales de noviembre y diciembre. Hasta entonces, lo que existe es la exposición razonada del juez, no una sentencia. El procedimiento determinará si las ayudas se tramitaron conforme a la ley o si, como sostiene el instructor, se utilizaron vías sin control para repartir dinero público entre los extrabajadores y una asociación.
