La Ley de Nietos impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a situarse en el centro de la polémica. Un estudio del Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS pone cifras a lo que sus autores califican de «desmesura» en el proceso de nacionalizaciones: cerca de un millón de solicitudes presentadas en Argentina, un país al que, según las estimaciones recogidas en el informe, llegaron entre 2.500 y 3.000 exiliados españoles a consecuencia de la Guerra Civil.

El documento, titulado Españoles en el extranjero, censo electoral exterior y Ley de Nietos, está dirigido por Joaquín Leguina y coordinado por Alejandro Macarrón. Sus conclusiones cuestionan la proporción entre el exilio histórico y el volumen de descendientes que han solicitado la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática.

La dimensión del fenómeno es notable como recoge OkDirio. Según el estudio, las solicitudes presentadas por esta vía podrían traducirse en hasta 2,45 millones de nuevos españoles en todo el mundo, una cifra entre 12 y 16 veces superior al número neto de personas que abandonaron España como consecuencia de la Guerra Civil, estimado entre 150.000 y 200.000.

Del 0,8% de exiliados al 6,5% de nuevos españoles

El informe compara el peso demográfico del exilio con el potencial impacto de las nacionalizaciones. Los españoles que abandonaron el país por la Guerra Civil representarían entre el 0,6% y el 0,8% de la población española de aquella época. En cambio, el máximo potencial de nuevos ciudadanos por la Ley de Nietos equivaldría al 6,5% de los españoles autóctonos que viven actualmente en España.

Los autores consideran especialmente llamativo el caso de América, donde se concentra el 65,5% de los españoles residentes en el extranjero, según los datos citados del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero. El estudio estima que entre 30.000 y 35.000 españoles emigraron por motivos políticos hacia ese continente, pero sostiene que las nacionalizaciones actuales podrían alcanzar una escala muy superior a la que cabría esperar de ese movimiento histórico.

En Argentina, la diferencia resulta especialmente significativa: cerca de un millón de solicitudes frente a los aproximadamente 3.000 exiliados estimados. Los autores advierten, además, de que algunos exiliados conservaron la nacionalidad española y la transmitieron a sus descendientes, por lo que no todos los solicitantes procederían necesariamente de personas que perdieron su ciudadanía.

La polémica instrucción de Justicia

Otra de las claves del debate está en una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022, firmada por Sofía Puente, que estableció una presunción de exilio para determinados españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.

La controversia gira en torno a la interpretación de esa instrucción y a si permitió tramitar expedientes sin acreditar suficientemente que la salida de España respondía a motivos políticos, ideológicos, religiosos o de identidad sexual, tal como contempla la legislación.

El asunto ha llegado al Tribunal Supremo, que acordó suspender cautelarmente los efectos electorales de las nacionalizaciones de quienes no acrediten documentalmente que sus antepasados se exiliaron por motivos políticos durante el franquismo. En consecuencia, quienes no puedan demostrar ese requisito no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre mientras se mantenga la medida.

El alto tribunal también reprochó al Gobierno la falta de información suficiente sobre los expedientes y el grado de cumplimiento de sus requerimientos. En concreto, cuestionó que no se aportara una cifra aproximada de los casos revisados entre los españoles inscritos en el censo electoral de residentes ausentes (CERA).

Nacionalidad, memoria histórica y derecho al voto

La Ley de Nietos nació con el objetivo de reparar situaciones vinculadas al exilio y a la pérdida de nacionalidad española. Sin embargo, la magnitud de las solicitudes y las dudas sobre la acreditación de los requisitos han abierto un debate jurídico y político sobre los controles administrativos.

El informe de CEU-CEFAS no demuestra por sí mismo que todas las solicitudes sean fraudulentas, pero plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las cifras y la aplicación de los criterios legales. La cuestión central es si la Administración ha comprobado de forma rigurosa que los beneficiarios cumplen las condiciones previstas por la ley.

La polémica adquiere especial relevancia por sus consecuencias electorales. La nacionalidad española y el derecho al voto están sujetos a requisitos legales, y el Supremo ha exigido garantías documentales para evitar que se ejerzan derechos electorales sin acreditar las condiciones correspondientes.