El Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, permitió que españoles residentes en Argentina se identificaran con pasaportes caducados y documentos sin fotografía para votar en las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Así lo recoge una información publicada por Libertad Digital, que reproduce un comunicado del Consulado General de España en Buenos Aires fechado el 14 de julio de aquel año.
Según el aviso consular, los electores podían identificarse mediante el pasaporte —incluso caducado—, el DNI, la partida de nacimiento o la inscripción en el Registro de Matrícula Consular. Estos dos últimos documentos no incorporan fotografía, a diferencia de los documentos habitualmente exigidos para acreditar la identidad de los votantes en las mesas electorales de España.
La información abre interrogantes sobre los criterios utilizados por la Administración española para verificar la identidad de los electores en el extranjero y sobre las diferencias entre los procedimientos aplicados fuera y dentro del territorio nacional.
Dos criterios para identificar a los votantes
En España, la identificación presencial en las mesas electorales se realiza habitualmente mediante el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, documentos que incorporan fotografía. El procedimiento descrito por el Consulado de Buenos Aires contemplaba, en cambio, otras alternativas para los electores residentes en Argentina.
La cuestión central es si esas instrucciones respondían a un procedimiento específico para el voto exterior y qué garantías adicionales se aplicaron para evitar suplantaciones o errores en la identificación. Para valorar el alcance de la controversia resulta necesario conocer la normativa concreta que amparaba esas instrucciones y los controles efectuados durante el proceso electoral.
La diferencia merece una explicación pública, especialmente cuando la confianza en las elecciones depende de que los procedimientos de identificación y custodia del voto sean claros y verificables.
Argentina, epicentro de la Ley de Nietos
La polémica adquiere una dimensión política adicional por el peso de Argentina en la concesión de la nacionalidad española a descendientes de españoles al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos.
Según los datos oficiales citados por Libertad Digital, a finales de julio de 2025 Argentina acumulaba 366.579 solicitudes de nacionalidad, alrededor del 40% del total mundial, de las que 174.277 habían recibido una resolución favorable. Buenos Aires se había convertido así en uno de los principales centros de tramitación de estas peticiones.
La ampliación del censo de españoles residentes en el extranjero y la participación electoral de estos ciudadanos han adquirido una relevancia creciente en la política nacional. La información también recuerda la actividad desarrollada en Argentina por dirigentes socialistas y representantes del Gobierno, aunque esos viajes y actuaciones políticas no demuestran por sí mismos ninguna irregularidad electoral.
Albares debe aclarar las instrucciones consulares
El Gobierno debe explicar qué fundamento jurídico permitió utilizar documentos sin fotografía y pasaportes caducados para acreditar la identidad de los electores en Buenos Aires, así como qué medidas se adoptaron para garantizar la regularidad del procedimiento.
No basta con que el sistema electoral funcione: también debe ofrecer garantías comprobables y criterios transparentes para todos los votantes. La existencia de instrucciones diferentes merece una explicación documentada que permita determinar si estaban plenamente amparadas por la normativa y si ofrecían garantías equivalentes.
La controversia no acredita por sí sola que se produjera fraude ni que el resultado electoral de 2023 se viera alterado. Pero sí plantea preguntas legítimas sobre la igualdad de los procedimientos de identificación y la supervisión del voto exterior, cuestiones especialmente relevantes ante la creciente importancia del electorado residente fuera de España.
