María Flor, una propietaria de 76 años de Oviedo, asegura que unos inquilinos italianos no le pagan el alquiler de su piso de Altea (Alicante) desde abril de 2025, y que el último decreto de vivienda ha congelado el desahucio. Según informa El Español, la vista por impago prevista para el 9 de octubre de 2026 en los juzgados de Benidorm se suspendió después de que los inquilinos presentaran un informe municipal de vulnerabilidad. Se trata de la versión de la propietaria y de su abogado; el diario no recoge la de los inquilinos.
Un piso de playa que debía complementar la jubilación
El inmueble, un piso frente al mar, lo compraron como segunda residencia y acabaron alquilándolo para costear los estudios universitarios de sus hijos y completar la jubilación. El contrato se firmó en junio de 2017 por 750 euros al mes, cuando, según el diario, alquileres comparables en la zona oscilan entre 1.500 y 1.700 euros. La pareja de inquilinos italianos, con dos hijas, tenía el contrato a nombre del marido, que se ha declarado vulnerable.
Tras la pandemia, el alquiler se rebajó temporalmente porque la pizzería de los inquilinos cerró. Los pagos pasaron a ser irregulares y, según la propietaria, se interrumpieron del todo desde abril de 2025.
Los costes que asume la propietaria
La casera afirma que sigue afrontando los gastos fijos del piso, derramas de la comunidad que superan los 10.000 euros y un IBI de unos 800 euros anuales tras una actualización catastral. Los suministros de luz y agua están a nombre de los inquilinos. Dice que necesita vender el piso para ayudar económicamente a sus hijos y nietos y resume su situación diciendo que le han hecho «la vida imposible».
El desahucio, frenado hasta 2030
La vista por impago se suspendió después de que los inquilinos aportaran un informe de los servicios sociales de Altea que acredita su vulnerabilidad y la falta de alternativa habitacional. Según su abogado, Jaime de Lope, el desahucio quedaría paralizado hasta el 31 de diciembre de 2030.
La paralización se apoya en los reales decretos-ley 28/2026 y 29/2026, que prorrogan hasta esa fecha la suspensión de desahucios de ocupantes en situación de vulnerabilidad. Según el diario, solo el 29/2026 está en vigor, pendiente de convalidación en la Diputación Permanente. LaBandera ya recogió las consecuencias de esta norma en otros casos, como el de un jubilado que vive en una furgoneta mientras su casa está okupada, y cómo el teléfono de los afectados echa humo.
La administración debe cubrir la renta
Cuando no existe alternativa de vivienda pública, el decreto obliga a la administración autonómica a compensar al propietario. Según el texto citado por el diario, puede cubrir la renta contractual perdida, los suministros impagados y las costas judiciales, sustituyendo al deudor. Por eso el abogado ha reclamado a la Generalitat Valenciana unos 17.000 euros, entre 13.000 y 14.000 de atrasos más honorarios de abogado y procurador. No hay certeza sobre cuándo cobraría, porque el plazo de pago de la administración es incierto.
Quejas vecinales por los animales
La comunidad de propietarios denuncia ruidos, olores y falta de higiene atribuidos a una veintena de perros y gatos, aunque el último aviso del presidente habla de 15 o 16 gatos. La comunidad ha acordado emprender acciones legales contra los inquilinos y contra la propietaria, y, según el diario, los ocupantes no habrían permitido inspeccionar la vivienda al veterinario municipal ni al ayuntamiento. La casera sostiene que no tiene por qué mantener un piso en esas condiciones.
Lo que queda abierto
El caso se produce, apunta el diario, a un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre, con la vivienda en el centro del debate. Queda por ver si la Generalitat abona las rentas y en qué plazo, si la comunidad prospera en su reclamación y qué dice la versión de los inquilinos, que no consta en la información.
