Ricardo tiene 68 años, una discapacidad reconocida del 60% y una pensión de unos 450 euros. Desde hace más de tres años vive en una furgoneta, mientras la vivienda de su propiedad en Arona (Tenerife) está ocupada por sus inquilinos, que dejaron de pagar. Según relata a OKDIARIO, teme que el nuevo decreto de vivienda frene el desahucio que tiene fijado.
Tres años sin cobrar el alquiler
Según su testimonio, el alquiler era de 600 euros mensuales con luz y agua incluidas, y los inquilinos dejaron de pagar en diciembre de 2023. La deuda estimada ronda los 23.000 euros tras 36 meses de impago, más las subidas del IPC.
Una batalla judicial de años
Ricardo presentó la demanda en mayo de 2024 y obtuvo sentencia favorable en julio de 2025 en el Juzgado de Arona. En julio de 2026 el Tribunal Superior de Santa Cruz de Tenerife se pronunció también a su favor, y el lanzamiento está programado para el 30 de noviembre de 2026.
El miedo al decreto
El decreto permite suspender los lanzamientos cuando el inquilino acredita vulnerabilidad económica y carece de vivienda alternativa. Ricardo teme que eso le obligue a seguir viviendo en el automóvil. Según su relato, los ocupantes no tienen ingresos declarados ante Hacienda y uno de ellos trabajaría en la economía sumergida reparando vehículos frente a la vivienda.
«Vivo en un furgón y ellos están viviendo en mi casa como reyes y sin pagar», lamenta.
Pequeños propietarios desprotegidos
Su caso ilustra la queja de los pequeños propietarios: aunque Servicios Sociales reconoce también su propia vulnerabilidad, la norma no le protege a él. Es el mismo debate que ha llevado incluso al PNV a avisar de que no se puede crear «una lucha entre propietarios e inquilinos», y que se suma a una presión fiscal que ya supone el 54% del coste laboral.
Conclusión
Con una ley que tarda años en resolver un impago y un decreto que añade más suspensiones, los propietarios vulnerables como Ricardo se sienten los grandes olvidados del debate de la vivienda.
