La investigación de los contratos de Transportes alcanza a Acciona y a antiguos responsables del ministerio. La Guardia Civil rastrea adjudicaciones que pudieron favorecer económicamente a Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, según informa ABC.
La Audiencia Nacional investiga 537 millones en obra pública del Ministerio de Transportes
La investigación judicial sobre las adjudicaciones del Ministerio de Transportes vuelve a situar bajo presión política al Gobierno de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional, a través del magistrado Ismael Moreno, examina contratos de obra pública por valor de 537,2 millones de euros, concedidos principalmente durante la etapa de José Luis Ábalos y bajo sospecha de posibles amaños. Las pesquisas buscan esclarecer si determinadas adjudicaciones favorecieron el cobro de comisiones ilegales por parte de antiguos dirigentes socialistas y otras personas relacionadas con las empresas contratistas.
El procedimiento alcanza al exministro Ábalos, a su antiguo asesor Koldo García y al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. También afecta a antiguos responsables de organismos dependientes de Transportes y a directivos de varias constructoras.
La investigación avanza después que el Tribunal Supremo condenara a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses por el caso de las mascarillas. El Alto Tribunal rechazó en octubre de 2026 sus peticiones de nulidad. Aquella sentencia corresponde a una causa distinta de los presuntos amaños de obra pública, que siguen bajo investigación.
Los contratos de Transportes bajo sospecha alcanzan los 537 millones
La causa que instruye Ismael Moreno examina adjudicaciones concedidas por Adif y la Dirección General de Carreteras, organismos que estuvieron dirigidos por Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, respectivamente. Ambos figuran entre los investigados.
Las diligencias abarcan hasta once expedientes de obra pública, según la información publicada por ABC, aunque la Fiscalía Anticorrupción concentra especialmente su atención en seis de ellos.
Acciona Construcción aparece como una de las empresas principales de las adjudicaciones cuestionadas. Algunas operaciones corresponden al periodo en que Ábalos dirigió Transportes y otras se remontan a etapas anteriores, debido a las relaciones que los investigadores atribuyen a Santos Cerdán con determinados responsables empresariales.
El magistrado Leopoldo Puente ya advirtió, en su auto del 30 de junio de 2025, de un elemento que consideró significativo. Las adjudicaciones sospechosas tenían a Acciona como denominador común, con participación de otras empresas mediante uniones temporales de empresas (UTE). El juez destacó que las ofertas seleccionadas no habían presentado el precio más bajo y que su elección dependió de criterios de valoración subjetiva.
El juez planteó más de cinco millones en posibles comisiones
Uno de los datos de mayor alcance de la investigación figura en el auto con el que Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión provisional de Santos Cerdán en junio de 2025.
El magistrado tomó como referencia los 537,2 millones de euros en adjudicaciones cuestionadas y planteó una hipótesis: si las comisiones ilegales hubieran representado el 1% de ese importe, su volumen habría superado los cinco millones de euros.
El cálculo también llevó a Puente a contemplar la existencia de otros beneficiarios, además de Ábalos, Koldo y Cerdán. El magistrado no descartó que personas físicas o jurídicas ajenas a ese núcleo hubieran obtenido ganancias mediante las adjudicaciones investigadas.
La cifra contrasta con el aproximadamente millón de euros que, según los indicios manejados entonces por el Supremo, Ábalos y Koldo habrían recibido o tenido comprometido. La diferencia abrió nuevas preguntas sobre el eventual destino del dinero y sobre quién pudo intervenir en su reparto.
La Guardia Civil rastrea pagos vinculados a obras en Murcia, Sevilla y Logroño
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó en junio de 2025 un informe que situó a Santos Cerdán como posible intermediario en la gestión de pagos relacionados con contratos públicos. Los agentes identificaron, a partir de conversaciones grabadas por Koldo García, 620.000 euros en presuntas contraprestaciones económicas. De esa cantidad, vincularon 550.000 euros a dos adjudicaciones de Acciona en Murcia.
Los contratos correspondían a las obras de soterramiento ferroviario de Murcia, por un importe próximo a los 159 millones de euros, y a la construcción del tramo Pulpí-Vera del corredor mediterráneo de alta velocidad, por algo más de 121 millones. Los investigadores relacionaron otros 70.000 euros con un inmueble, sin identificar una adjudicación concreta que justificara esa cantidad.
Además, la UCO detectó referencias a 450.000 euros que habrían quedado pendientes de pago, vinculados a proyectos en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona. El informe atribuyó a Cerdán un supuesto papel de coordinación entre los responsables políticos y las empresas. Los agentes también examinaron su posible influencia sobre determinadas decisiones y nombramientos relacionados con el Ministerio de Transportes.
Los contratos de Transportes también salpican a Servinabar y otras constructoras
Otra de las líneas de investigación se centra en Servinabar 2000, sociedad vinculada a Santos Cerdán que participó en adjudicaciones junto a Acciona mediante fórmulas de colaboración empresarial. Los investigadores hallaron documentación que apuntaba a una participación del 45% de Cerdán en Servinabar. La relación del exdirigente socialista con el empresario Antxon Alonso, vinculado a esa compañía, adquirió especial relevancia en las pesquisas.
La Justicia también examina los movimientos económicos de las sociedades implicadas y las posibles conexiones entre sus ingresos y los contratos de obra pública. Junto a Acciona aparecen otras constructoras, como Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) y Obras Públicas y Regadíos (OPR), cuyos vínculos con las adjudicaciones forman parte de las diligencias.
El empresario Víctor de Aldama también aportó información sobre las presuntas relaciones de influencia dentro del ministerio. En sus declaraciones señaló que Cerdán mantenía un ámbito de influencia sobre determinadas obras del norte de España, al que se refirió como una especie de cupo territorial.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora si existieron manipulaciones en los procedimientos de contratación, qué personas participaron y si las adjudicaciones dieron lugar a pagos ilícitos. La investigación mantiene bajo examen contratos millonarios adjudicados durante anteriores etapas de Transportes, mientras el Gobierno de Sánchez afronta las consecuencias políticas de una causa que afecta a dos antiguos secretarios de Organización del PSOE.
