La crisis ferroviaria vuelve a poner al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el centro de la polémica. Ignacio Garriga, dirigente de VOX, ha lanzado una durísima acusación contra la gestión del departamento tras conocerse el testimonio de una interventora de Renfe que denuncia fallos recurrentes en los sistemas de seguimiento, problemas de comunicación con los centros de control y advertencias que, según asegura, llevan años trasladando los trabajadores sin obtener soluciones satisfactorias.
«Todo lo que rodea al Ministerio de Transportes y a su gestión es gravísimo y aterrador y nuestro deber es denunciarlo», ha afirmado Garriga. El dirigente de VOX ha acusado al Ejecutivo de haber deteriorado la seguridad ferroviaria y ha reclamado responsabilidades políticas tras los graves accidentes registrados en los últimos meses.
«Esta banda criminal y corrupta ha destrozado el sistema de seguridad y ha decidido poner miles de vidas en peligro», ha denunciado. Garriga sostiene que el Gobierno no puede limitarse a gestionar la crisis sin responder por las decisiones adoptadas y por las advertencias que, según las denuncias de los trabajadores, se venían produciendo.
El dirigente ha endurecido todavía más su mensaje al exigir un cambio político: «Si no son capaces de irse con cientos de fallecidos a sus espaldas, debemos ser nosotros los que aprovechemos la oportunidad para echarlos».
«Ya lo hemos normalizado. Normalizado hasta un punto que da miedo»
El mensaje de Garriga coincide con las declaraciones publicadas por La Gaceta de una supervisora de intervención de Renfe que trabaja en servicios de Alta Velocidad entre Galicia y Madrid. La empleada asegura que las incidencias no son episodios aislados y denuncia que los problemas de circulación, las comunicaciones con los puestos de mando y los sistemas de protección generan una preocupación creciente entre los trabajadores.
Uno de los aspectos más inquietantes de su testimonio es la supuesta desaparición temporal de trenes de los sistemas de seguimiento. Según relata, los centros de gestión han llegado a preguntar a los trabajadores si habían salido de una estación porque el convoy no aparecía en sus pantallas. «Oye, ¿habéis salido ya de esta estación? Es que no me apareces, ¿dónde estás?», reproduce la interventora. Su conclusión es demoledora: «Ya lo hemos normalizado. Normalizado hasta un punto que da miedo».
La trabajadora asegura que sus compañeros han elaborado informes especiales y comunicado incidencias reiteradamente, pero lamenta que muchas respuestas se limiten a expresiones como «lo elevo, lo tramito», sin que perciban una solución efectiva.
Un incidente en Medina del Campo días antes de la tragedia
La interventora relata además un incidente que, según su versión, sufrió el pasado 25 de octubre durante un servicio entre Galicia y Madrid, a la altura de Medina del Campo (Valladolid). La empleada afirma que el tren recibió indicaciones que no se correspondían con el itinerario que esperaba seguir. El maquinista habría intentado contactar con el puesto de mando, pero, según su relato, no obtuvo respuesta inmediata y decidió detener el convoy por precaución.
La trabajadora sostiene que posteriormente se restableció la comunicación y que fue necesario retroceder varios kilómetros para regresar a la estación. También asegura que elaboró un informe sobre lo ocurrido.
¿Se está priorizando la movilidad sobre la seguridad?
Otro punto especialmente delicado de la entrevista es la insistencia que, según la supervisora, han recibido los trabajadores durante los últimos meses para «facilitar la movilidad». Preguntada sobre si esa prioridad se está imponiendo «a toda costa», la interventora responde afirmativamente. No obstante, también reconoce que no dispone de pruebas para vincular esa presión con el contexto electoral.
La trabajadora sostiene que las incidencias no deben atribuirse únicamente a un tramo concreto y reclama que se escuche a los profesionales que alertan de los problemas sobre el terreno.
El Gobierno, bajo presión para dar explicaciones
Las declaraciones de Garriga elevan la presión política sobre Sánchez y Puente, mientras las denuncias de la interventora refuerzan las exigencias de transparencia sobre el funcionamiento de la red. El Ejecutivo y los organismos ferroviarios deben aclarar qué incidencias se registraron, qué advertencias recibieron, qué medidas se adoptaron y si existen deficiencias que deban corregirse de inmediato.
Las causas del accidente de Urda y las posibles responsabilidades siguen pendientes de esclarecimiento. Garriga ha convertido esa exigencia en una acusación política directa contra el Gobierno. La denuncia de la trabajadora, por su parte, pone el foco en una cuestión que trasciende la confrontación partidista: la seguridad de los viajeros y la obligación de responder a las alertas de los profesionales.
Cuando una empleada afirma que los fallos se han normalizado «hasta un punto que da miedo», la respuesta no puede limitarse a un cruce de declaraciones. Hace falta esclarecer los hechos, verificar los sistemas y determinar las responsabilidades que correspondan.
