La Comisión de Justicia, presidida por el socialista Francisco Lucas Ayala, asume la tramitación de la ley en lugar de la Comisión Constitucional
El acuerdo entre el PSOE y los cómplices de investidura de Sánchez sobre la aprobación de una amnistía a los delincuentes relacionados con el separatismo va a seguir su tramitación en la Comisión de Justicia del Congreso.
Al eludirse la Comisión Constitucional del Congreso para seguir la tramitación con la de Justicia, al parecer queda descartada la posibilidad de celebrar un debate exprés en lectura única. Del mismo modo, aunque la aritmética es la misma en todas las comisiones, favorable a la izquierda, sí cambiarán los portavoces que participarán en la tramitación.
Salvo que exista interés de los partidos en canjear diputados entre las comisiones, los portavoces de la Comisión de Justicia son, entre otros, Javier Ortega Smith, por VOX y María Jesús Moro, por el PP. Respecto al PSOE y sus socio de coalición figuran Francisco Aranda, del PSC-PSOE y Enrique Santiago, por Sumar.
El cambio de Comisiones, filtrada por fuentes socialistas recogidas por Confilegal, implica que la tramitación ya no pasará por la Comisión Constitucional, de la que purgó el Letrado Mayor, Galindo, a un veterano jurista que advertía sobre la ilegalidad de la amnistía. El letrado que apartó Galindo, Manuel Fernández-Fontecha, también advirtió que iba a recurrir su cese.
Siguiente trámite: el plazo de enmiendas
Tras su aprobación inicial en el Pleno de la semana pasada, la Mesa del Congreso abre este martes un plazo para enmiendas y el envío del proyecto de ley al Senado en febrero.
Respecto a las enmiendas, estas pueden ser parciales, para modificar el articulado, o a la totalidad, con un texto alternativo -circunstancia que llevaría a un debate en el pleno-. Sea como fuere, las enmiendas se debatirán en enero, pues los grupos esperan que Armengol habilite el mes como hábil a efectos parlamentarios, porque era inhábil hasta ahora.
El PP, por su parte, dispone de la opción de dilatar los plazos en la Cámara Alta, gracias a su mayoría absoluta, lo que retrasaría la entrada en vigor de la ley hasta mayo, ya que la Constitución limita este proceso a un máximo de dos meses.
