El Ministerio Público se suma a la tesis de la defensa de los terroristas y solicita que la investigación se detenga por la supuesta prescripción del asesinato
La Fiscalía se adhiere a la petición de los abogados de los cabecillas de banda terrorista de ultraizquierda, ETA, y este lunes pidieron a la Audiencia Nacional (AN) dejar sin efecto su procesamiento como presuntos responsables del secuestro y asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en 1997.
También solicitan que se cierre la investigación tal como está y que la decisión sea inmediata, para no afectar con dilaciones los derechos humanos de los siguientes jefes terroristas: Mikel Albisu Iriarte (alias ‘Mikel Antza’), Soledad Iparraguirre (‘Anboto’) e Ignacio de Gracia Arregui (‘Iñaki de Rentería’).
El asesino nacionalista ‘Kantauri’ ya le procesó en 2016 por el crimen del joven edil Miguel Ángel Blanco y no está en la misma situación que sus compinches ahora ante la AN.
Las acusaciones particulares sostienen que no prescriben los asesinatos
Las acusaciones particulares y populares de la causa sostienen que la responsabilidad de los pistoleros no prescribe tras la modificación del Código Penal de 2010, que convertía en imprescriptibles los asesinatos.
Del mismo modo, coinciden en señalar que los hechos de la causa son imprescriptibles de acuerdo a la jurisprudencia del Supremo, la AN y el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La acusación del PP recuerda a la AN que la Eurocámara recomendó a España continuar la investigación de los asesinatos sin resolver de la banda de ultraizquierda ETA, y agotar las posibilidades interpretativas de la legislación para conseguirlo.
La letrada de Dignidad y Justicia añadió que el recurso de los terroristas debe inadmitirse, porque se presentó un mes fuera de plazo y tampoco corresponde debatir la prescripción del crimen en el auto de procesamiento, sino en otro momento procesal, recoge ‘Voz Pópuli’.
Los ‘Derechos Humanos’ de los cabecillas de ETA y la prescripción del crimen de Miguel Ángel Blanco
El fiscal conmina a la Audiencia Nacional a decidir ya sobre el carpetazo al asunto, porque considera que dispone de todos los hechos y un retraso imputable al estado puede “llevar a concluir que se ha incumplido el derecho de toda persona a ser oído por un tribunal imparcial en un plazo razonable que recoge el Convenio Europeo de Derechos Humanos”.
Sobre la reforma del Código Penal de 2010, el fiscal sostiene que no puede aplicarse a los pistoleros encausados, porque el crimen se perpetró en 1997 y no puede haber una retroactividad de la modificación legislativa. Asumiendo que será una tesis “impopular” el fiscal afirma que cualquier norma procesal que restrinja derechos jamás puede tener efecto retroactivo
La defensa de los pistoleros se ciñe por su parte a una fecha de supuesta prescripción del asesinato: desde julio de 1997 hasta que se encausaron a los terroristas -6 de febrero de 2022-, pasaron más de 20 años sin interrupción.
