El gobierno finaliza este viernes el acercamiento de presos de ETA a prisiones vascas y navarras

Entre los terroristas trasladados figura ‘Amaia’, pareja de ‘Txapote’, poseedora de un amplio historial de delitos de sangre

El ejecutivo socialista de Pedro Sánchez, a través del ministerio del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha terminado con 34 años de política de dispersión de presos de la ETA por cárceles de España. Instituciones Penitenciarias ha anunciado hoy el traslado de la pareja de Txapote, Irantzu Gallastegi Sodupe, alias ‘Amaia’, y otros cuatro terroristas: Gregorio Escudero Balerdi, Asier Borrero Toribio, Garikoitz Etxeberria Goikoetxea y Faustino Marcos Álvarez. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado hoy que el gobierno ya acercó a 175 terroristas.

Sánchez ha cumplido las exigencias de sus socios parlamentarios comunistas y separatistas, sabedores de que, entre los intereses de semejante individuo, jamás figuró la defensa de su nación. Con la cesión de competencias penitenciarias del Estado al gobierno autonómico vasco, en octubre de 2021, Sánchez y sus compinches se aseguraron de colocar a los terroristas en la posición idónea para obtener múltiples beneficios en un entorno legal más favorable -incluidas excarcelaciones tempranas y obscenos los homenajes públicos a los asesinos-.

Una amnistía encubierta con la excusa de que “ETA ha sido derrotada”

La amnistía total a los criminales de ETA no resultaba rentable demoscópicamente para el PSOE, pero fue sustituida con un goteo de traslados de etarras a cárceles vascas y navarras en los tristemente calificados como “viernes de sangre”, que han culminado hoy. Con esta maniobra del gobierno, igual que ocurrió con los golpistas catalanes en tercer grado, Sánchez cumple las exigencias de los separatistas a la vez que, supuestamente, no sufre el coste demoscópico de ser el autor directo de otorgar beneficios penitenciarios a delincuentes condenados.

La transmisión de competencias penitenciarias a una autonomía es legal y se ha producido antes, con la cesión de prisiones al gobierno catalán durante la presidencia de Felipe González (PSOE) en 1983. No obstante, el problema radica en la renuencia del gobierno sanchista a la hora de respetar sentencias judiciales que no le convienen, que se aprovecha de esta posibilidad legal, de trasladar delincuentes a regiones con las competencias cedidas, para que en aquellos gobiernos recaiga la autoría de la excarcelación.

Acercamiento de cinco terroristas con un extenso historial criminal

Entre los criminales acercados por Sánchez a cárceles vascas figura Irantzu Gallastegi Sodupe, pareja de Francisco Javier García Gaztelu, ‘Txapote’, uno de los exdirigentes de ETA con mayor número de asesinatos. Ambos cumplen condena entre otros crímenes, por el secuestro y asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, en 1997.

La terrorista ‘Amaia’ fue condenada a 50 años de prisión por su participación en el asesinato del concejal del PP en Ermua, una de 30 años por su papel en la preparación del atentado que costó la vida al político socialista Fernando Múgica Herzog, y otra de 46 años por el asesinato del concejal del PP, José Ignacio Iruretagoyena. Según las autoridades penitenciarias, se espera que la asesina cumpla las tres cuartas partes de su condena en noviembre de 2024.

El terrorista Gregorio Escudero Balerdi cumple una condena de 25 años como cooperador necesario en el atentado en el que ETA asesinó a Juan Priede Pérez, concejal socialista de Orio y otra de 42 años por facilitar información que posibilitó el asesinato de José Ignacio Iruretagoyena.

Los tres etarras restantes no cuentan con delitos de sangre:

Asier Borrero Toribio cumple 6 años de prisión por la fabricación de un barril bomba, localizado en Getxo antes de que explotara. Borrero cumplió condena en Francia y en España y tiene pendientes otros 6 años por tenencia, fabricación y colocación de explosivos con fines terroristas.

Garikoitz Etxeberria Goikoetxea fue condenado a 27 años y 9 meses de prisión por pertenencia a organización terrorista, transporte y depósito de sustancias explosivas, fabricación de aparato explosivo, tenencia ilícita de armas y falsificación de placas de matrícula y documentos oficiales.

El terrorista Faustino Marcos Álvarez fue condenado a 13 años y cuatro meses por delitos continuados de falsificación de documentos oficiales con finalidad terrorista, tenencia de armas y pertenencia a banda armada. Antes de su detención en 2010, Marcos intentaba instalar un laboratorio de explosivos en el sur de Francia.