Embarga las cuentas bancarias de ENAIRE, operador público de navegación aérea, porque el Estado acumula 26 laudos perdidos sin indemnizar a inversores perjudicados
La justicia de Bélgica autorizó el embargo ejecutivo de las cuentas bancarias de ENAIRE, el operador público español de navegación aérea, debido a los impagos relacionados con el pufo a los inversores de renovables (caso RREEF). Los fondos a embargar corresponden a las tasas aéreas que recauda Eurocontrol (Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea).
Esta nueva derrota judicial se produjo pocas semanas después de que el Ejecutivo socialcomunista, liderado por el yerno de Sabiniano, accediera por primera vez a abonar uno de los 26 laudos pendientes, concretamente el correspondiente al grupo japonés JGC.
El timo de las renovables: el caso RREEF
La inversión de RREEF se remonta al periodo 2007-2010, cuando participó en proyectos eólicos y solares en Andalucía bajo el modelo de primas garantizadas, impulsado por el propio gobierno español.
Sin embargo, tras atraer a numerosos inversores internacionales, el Estado modificó de forma retroactiva el marco retributivo, con cambios introducidos entre 2010 y 2014 que alteraron profundamente las condiciones originalmente ofrecidas.
El laudo arbitral emitido en 2019 estableció que España debía indemnizar a RREEF con 59,6 millones de euros. A esta cifra se añadieron los intereses generados desde el 30 de junio de 2014, calculados a un tipo del 2,07 %, así como las costas procesales impuestas a España. En total, la deuda asciende a unos 73 millones de euros.
26 laudos impagados
El tribunal del CIADI, que resolvió el conflicto entre RREEF y España determinó que el Estado español violó el principio de Trato Justo y Equitativo (FET), además de los principios de estabilidad y transparencia, al modificar de forma retroactiva los compromisos adquiridos con los inversores.
En conjunto, España acumula 26 laudos arbitrales sin pagar por este asunto, con un principal que ronda los 1.493 millones de euros. A esto se añaden aproximadamente 180 millones en intereses y más de 90 millones en costas, lo que, junto con los honorarios de los bufetes, sitúa el monto total de los impagos en torno a los 1.865 millones de euros.
Según recuerda El Debate, ningún otro país tiene más condenas arbitrales impagadas, salvo los regímenes de Rusia y la narcodictadura socialista venezolana, que comparten con España con el deshonroso podio entre los deudores reincidentes.
Cronología del pufo de las renovables
En 1997, durante la presidencia de Aznar, se produjo en España una irrupción de inversores en energías renovables atraídos por la regulación favorable. La situación descontroló durante el gobierno de Zapatero, que promovió la introducción acelerada de la energía solar a partir de 2007.
El socialista engordó la burbuja y las primas se quintuplicaron en un lustro, hasta que el Estado tenía que pagar más de 8.000 millones de euros. El coste era tan inasumible que el mismo Zapatero improvisó cambios regulatorios, pero el intento de frenar el aluvión de inversores en busca de las primas socialistas llegó cuando el sistema financiero mundial se sumía en la crisis de 2008.
Tras la salida de Zapatero, le correspondió a Rajoy intentó reducir el tamaño de la burbuja y recortó hasta el 25% el pago de primas anuales. La consecuencia fue un aluvión de demandas al Estado por parte de los inversores perjudicados, y España acabó ante los principales tribunales de arbitraje del mundo.
