El TSJ de Galicia subraya que si alguien comete una infracción tributaria no debe atribuirse automáticamente la intención defraudadora
El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha emitido una sentencia que defiende el «derecho al error» de las personas, anulando la multa impuesta por la Agencia Tributaria a un contribuyente al no demostrarse su intención de engañar al fisco.
La jurisprudencia establece que se presume buena fe en la actuación de los contribuyentes, trasladando la carga de la prueba a la Administración para justificar la sanción. El TSJ argumenta que las circunstancias del caso generan dudas significativas sobre el elemento subjetivo de la conducta infractora y que estas dudas deben resolverse a favor del sancionado en materia sancionadora.
La resolución del TSJ muestra una vía contra la práctica de Hacienda de identificar cualquier incumplimiento tributario del contribuyente con una intención de defraudar y exige a la AEAT que pruebe la culpabilidad de la persona antes de sancionar.
Recurso contra una multa de 73.000 euros de la Agencia Tributaria
El caso evaluado implicaba un recurso presentado por un contribuyente contra las sanciones tributarias por sus declaraciones del IRPF de los ejercicios 2014, 2015 y 2016, donde dejó de ingresar cantidades que resultaron en una multa de casi 7.3000 euros.
La Inspección de la AEAT consideró que había declarado incorrectamente las ganancias patrimoniales derivadas de la venta de participaciones de una sociedad, pero el tribunal destaca la importancia de evaluar la culpabilidad del contribuyente y que la existencia de una infracción tributaria no debe conducir automáticamente a atribuir intención de incumplir.
El fallo, recogido en El Confidencial, destacó la complejidad de las operaciones ejecutadas por el contribuyente y su esposa, señalando que la asistencia de asesores fiscales no elimina las dudas sobre el ánimo o la voluntariedad del contribuyente.
Del mismo modo, el TSJ sugiere que la complejidad de las normas y procedimientos debe tenerse en cuenta al valorar la culpabilidad del contribuyente y sugiere que la propuesta del «derecho al error» podría abrir el camino para evitar sanciones por incumplimientos involuntarios de las normas fiscales.
Hacienda presupone intención de defraudar al fisco y sanciona automáticamente
Hacienda considera que cualquier incumplimiento o negligencia tributaria denota un ánimo incumplidor, añadiendo automáticamente una sanción a la regularización correspondiente, lo que aumenta la recaudación.
Este enfoque ha sido objeto de críticas por parte de expertos en fiscalidad, ya que omite principios fundamentales del derecho sancionador, como la presunción de inocencia, que requiere la prueba de la culpabilidad.
