El efecto secundario que muchos temían ya está aquí: la Ley de Vivienda, creada para contener precios y proteger al inquilino, está provocando un trasvase masivo de pisos al alquiler de temporada. El resultado: menos oferta para vivienda habitual, subidas récord y familias expulsadas del mercado.
Cómo la ley ha incentivado el cambio
Desde su entrada en vigor, los contratos de larga duración han quedado sujetos a límites de precio y mayor rigidez legal. Para evitar estas restricciones, cada vez más propietarios optan por el alquiler de temporada, con contratos de hasta 11 meses, que no se ven afectados por los topes de renta.
“Muchos propietarios han encontrado aquí una vía de escape legal. Es una rentabilidad más alta con menos ataduras”, explica Emiliano Bermúdez, subdirector de donpiso.
El impacto de la Ley de vivienda en las grandes ciudades
En 2025, según donpiso:
- Barcelona: renta media de 1.300 €/mes
- Madrid: renta media de 1.250 €/mes
- Valencia, Málaga y Bilbao también registran subidas de dos dígitos
- Un piso de 80 m² cuesta 1.700 euros más al año que en 2024
Los inquilinos de temporada suelen ser directivos desplazados, nómadas digitales o estudiantes internacionales, con ingresos de más de 2.500 € al mes, muy por encima de la media salarial española, que en muchas provincias no llega a 1.600 € netos.
Un panorama nacional en tensión
Aunque el foco mediático se centra en las capitales, el fenómeno se está extendiendo a ciudades medianas y zonas turísticas de interior. Murcia, Zaragoza, Alicante o Granada están viendo cómo parte de su parque de alquiler residencial se convierte en temporal, atraído por el gasto de estudiantes extranjeros o teletrabajadores que buscan contratos flexibles.
En zonas costeras como Cádiz, Santander o Las Palmas, el problema es aún más grave: la escasez de vivienda se intensifica por la competencia con el alquiler vacacional, lo que convierte al alquiler de temporada en una tercera vía lucrativa que desplaza a los residentes permanentes.
El mercado rural tampoco queda al margen: municipios que antes luchaban contra la despoblación ahora enfrentan un alza de precios alimentada por el teletrabajo y la llegada de foráneos con sueldos urbanos, lo que deja fuera a la población local.
El panorama es claro: sin un ajuste normativo que equilibre rentabilidad y acceso, España se dirige a un mapa habitacional fragmentado, donde los centros urbanos estarán reservados a quienes puedan pagar rentas de lujo y las periferias absorberán la demanda expulsada.
Un mercado cada vez más inaccesible
La combinación de menor oferta residencial y alta demanda temporal está presionando al alza los precios para quienes buscan una vivienda habitual. Familias con salarios medios se ven obligadas a salir del centro de las ciudades o incluso a compartir piso.
Bermúdez advierte: “Si no se regula el alquiler de temporada, el desequilibrio entre oferta y demanda será estructural. La Ley de Vivienda, tal y como está diseñada, ha creado un efecto llamada para este tipo de contratos”.
La Ley de Vivienda tiene un vacío legal que lo permite
La norma exige registro oficial solo a los alquileres de temporada que operan en plataformas con pago online. Los que se anuncian en redes sociales, agencias físicas o portales que actúan como mero escaparate quedan fuera del control, lo que facilita su expansión.
Esta falta de control efectivo ha generado un ecosistema paralelo donde los contratos se cierran al margen de la supervisión administrativa, sin trazabilidad y, en muchos casos, sin cumplir requisitos básicos de habitabilidad o transparencia. El propietario obtiene libertad total para fijar precios, exigir condiciones adicionales y evitar los límites legales, mientras el inquilino queda en una posición más vulnerable, sin las garantías que ofrece el arrendamiento tradicional.
El resultado es un mercado opaco y desigual, en el que las reglas de juego no son las mismas para todos. Mientras algunos propietarios cumplen la normativa y aceptan la menor rentabilidad de la vivienda habitual, otros aprovechan el vacío legal para maximizar beneficios. Sin una reforma que unifique el marco regulatorio, el alquiler de temporada seguirá actuando como una puerta trasera para esquivar la Ley de Vivienda, distorsionando el mercado y encareciendo el acceso a una vivienda digna en todo el país.
