El partido se une a la ofensiva contra los jueces en que están inmersos el Ejecutivo y sus cómplices separatistas y de Sumar
Podemos se ha querellado este lunes los jueces Manuel García Castellón y Joaquín Gadea, por supuestos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión en la persecución de conductas delictivas.
Pablo Fernández, coportavoz del partido, comunicó esta acción durante una conferencia de prensa tras formalizar la denuncia ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, dirigida contra los dos jueces que llevan el caso conocido como «pieza Dina» del caso Tándem.
Con la presentación de la querella contra jueces que instruyen casos que investigan presuntos delitos que afectan a un partido político, Podemos se une a la ofensiva contra la independencia judicial que llevan a cabo Sánchez, sus cómplices separatistas y Sumar.
Esta investigación judicial se centró en la tarjeta telefónica de la exasesora del partido desde el robo de su teléfono en 2015, hasta que parte de la información que contenía se filtró a los medios.
La denuncia señala la filtración de cada etapa de la investigación con el propósito de perjudicar a Podemos, hasta que la Audiencia Nacional ordenó el cese de las actuaciones.
Además de criminalizar jueces, Podemos señala a los medios de comunicación
El portavoz Fernández ha acusado a ambos magistrados de llevar a cabo una «auténtica infamia» y de actuar de manera vergonzosa en su labor judicial.
Fernández ha enfatizado que la actuación de estos jueces constituye un ejemplo evidente de ‘lawfare‘, ya que han operado al margen de las normativas que regulan la actuación judicial. Su investigación, según el portavoz, ha sido «prospectiva», con el único objetivo de perjudicar la reputación de Podemos.
Finalmente, el portavoz ha destacado el papel de muchos medios de comunicación que, según él, han contribuido a difundir rumores y bulos derivados de esta investigación realizada por ambos jueces.
Esto evidencia, según sus palabras recogidas por Europa Press, una colaboración evidente entre ciertos jueces y medios de comunicación que trabajan conjuntamente para atacar y perjudicar al partido.
