El Fiscal General nombrado por Sánchez, Álvaro García Ortiz, afronta una investigación por perpetrar presuntos delitos de revelación de secretos
Por primera vez en democracia, el Tribunal Supremo imputa al fiscal general del Estado por perpetrar presuntos delitos de revelación de secretos, tal y como denunció la víctima, el novio de la presidenta madrileña Alberto González Amador.
El fiscal general nombrado por Sánchez, García Ortiz, afronta una investigación por el Alto Tribunal a pesar de la oposición de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez-Conde, contraria a la imputación de su jefe, pues consideró que los hechos que presuntamente cometió no eran «constitutivos de delito” y por tanto solicitó el archivo de las actuaciones.
El Tribunal Supremo toma su decisión tras estudiar la exposición razonada que el pasado julio elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tras recibir la querella que la víctima del presunto delito, González Amador, presentada contra García Ortiz por revelación de secretos.
García Ortiz defendió la necesidad de perpetrar el presunto delito para ‘desmentir un bulo’
Según resume Europa Press, el TSJM consideró que la difusión de la nota de prensa -cuya responsabilidad asumió García Ortiz- no se correspondía con la «alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal», que se autoatribuyó la función de desmentir bulos, porque «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgó la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede revelarse a terceros».
El TSJM aludía a la difusión por parte del ministerio público de comunicaciones secretas entre el abogado del querellante y la Fiscalía en las que negociaban un acuerdo de conformidad en un juicio por fraude fiscal contra González Amador. Una filtración de comunicaciones protegidas por Ley, pero que sirvió para uso político y propagandístico contra la presidenta madrileña, objeto de señalamiento constante por parte de Sánchez y sus cómplices políticos.
