Bolaños defiende la obligatoriedad de renovar vocales del CGPJ, pero no la de cumplir la condición que pidió el PP para firmar el acuerdo
El triministro, Félix Bolaños, declaró este miércoles en una entrevista radiofónica que “no es vinculante” el acuerdo que firmaron PSOE y el PP -en el marco de la renovación del CGPJ- para impulsar un nuevo sistema de elección de los jueces.
Con la tinta aún fresca del acuerdo para renovar el CGPJ, Bolaños desmontaba en la cadena Ser el principal hito del mismo publicitado por los populares, que incluyeron como requisito para la firma el supuesto compromiso bilateral para cambiar el sistema de elección de los vocales.
«Al nuevo consejo se le da un plazo de seis meses para que analice las legislaciones de otros países, vea si hay forma de mejorar el formato y haga una propuesta que tiene que ser aprobada por 3/5. Eso se remitirá al Gobierno, al Senado y al Congreso», señaló Bolaños, recalcando que la citada propuesta «no es vinculante: defiendo nuestro modelo«.
Se da la circunstancia que se alcanzó el ‘acuerdo no vinculante’ para despolitizar la elección de altos magistrados justo después de repartirse entre ambos partidos políticos los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
Defiende las filtraciones de la fiscalía de las comunicaciones secretas de un abogado
Bolaños aprovechó también la entrevista para señalar la “auténtica persecución” por «hacer su trabajo» al fiscal general designado por Sánchez, Álvaro García Ortiz.
El triministro se refería al escándalo protagonizado por el FGE, cuyos subordinados (según admitió Ortiz, siguiendo sus órdenes), perpetraron presuntos delitos de revelación de secretos filtrando a la prensa comunicaciones del abogado de la pareja de Ayuso.
El presunto delito puede implicar una imagen habitual en estados fallidos: un fiscal general del Estado investigado por el Tribunal Supremo. Para ahondar en el hundimiento de la institución, García Ortiz anticipó que no piensa dimitir si le imputa el Supremo.
En ese sentido, Bolaños siguió el argumentario oficial, repitiendo que el presunto delito del FGE fue “decir la verdad. Desmentir una mentira que se propagó por parte del entorno de la presidencia de la Comunidad de Madrid».
La propaganda del gobierno, difundida al dictado por los medios sincronizados, consiste en vender la necesidad de que la fiscalía se dedique a desmentir supuestos bulos y, para esa supuesta competencia del ministerio público, se justifica la comisión de presuntos delitos, como filtrar a la prensa comunicaciones secretas del abogado de un encausado.
