Las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han provocado un auténtico terremoto en el mundo judicial. En una entrevista en TVE, Sánchez declaró que «hay jueces haciendo política», en alusión directa a las investigaciones abiertas contra su esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez.
La respuesta de las principales asociaciones judiciales ha sido unánime: rechazo rotundo y advertencia sobre el peligro para la democracia.
«Poco respeto al Estado de Derecho»
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, ha sido tajante:
«Es lamentable que un presidente cuestione a quienes investigan su entorno familiar», ha dicho su presidenta, María Jesús del Barco.
Según ella, estas declaraciones demuestran un «poco respeto al Poder Judicial y a la separación de poderes», algo que —asegura— ya forma parte del discurso habitual del Ejecutivo actual.
Esta no es la primera vez que Sánchez acusa a jueces de actuar por motivaciones políticas. Sin embargo, el contexto actual —con su círculo familiar bajo investigación— convierte sus palabras en un ataque especialmente sensible y de alto riesgo institucional.
Críticas desde todo el arco judicial
La Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) ha sido clara: “No es aceptable poner en duda la integridad de todo un poder del Estado”. Además, alertan de que este tipo de mensajes minan la democracia.
Recuerdan que los jueces actúan con arreglo a la ley y en defensa de los ciudadanos, y que este tipo de declaraciones minan la confianza social en el sistema judicial.
Por su parte, Foro Judicial Independiente (FJI) ha llegado a comparar las palabras de Sánchez con las de Donald Trump cuando atacaba públicamente a jueces que le incomodaban. “Es una estrategia populista y peligrosa”, alertan.
JJpD: “Sí hay instrumentalización política de causas”
La única voz algo más matizada ha sido la de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), cuyo portavoz ha reconocido que “quizás no correspondía” al presidente lanzar esa acusación, pero ha insistido en que existe una “instrumentalización política de ciertos procedimientos” que no puede ignorarse.
Mientras el Gobierno intenta defenderse mediáticamente, Sánchez acusa a jueces y coloca al Poder Judicial en el centro de un debate político que amenaza con desestabilizar la confianza ciudadana en las instituciones.
Manos Limpias pide amparo al CGPJ
El sindicato Manos Limpias, que actúa como acusación particular en las causas contra Begoña Gómez y David Sánchez, ha solicitado formalmente al Consejo General del Poder Judicial que ampare a los jueces Peinado y Biedma, al considerar que han sido “descalificados y señalados públicamente” por el jefe del Ejecutivo.
Califican las declaraciones de Sánchez como “inauditas” y de extrema gravedad, y denuncian una “injerencia intolerable” que, además, se ha hecho “en una televisión pública pagada por todos los españoles”.
Un nuevo capítulo en la guerra política y judicial, Sánchez acusa a jueces
Este episodio no solo eleva la tensión entre el Gobierno y la judicatura, sino que abre un nuevo frente político, justo cuando las investigaciones sobre el entorno de Pedro Sánchez están en pleno auge.
El cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y los tribunales ya no es anecdótico: se ha convertido en un conflicto institucional de alto voltaje, con repercusiones imprevisibles.
