La política española asiste, una vez más, a un ejercicio de soberbia institucional que raya en lo ofensivo para las víctimas. Tras el catastrófico accidente ferroviario en Adamuz, que ha segado la vida de 45 personas y ha dejado un rastro de dolor imborrable en la provincia de Córdoba, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido cerrar filas en torno a su ministro de Transportes, Óscar Puente. Lejos de asumir un ápice de autocrítica o plantear la dimisión de un cargo cuya gestión de la red ferroviaria está siendo, a todas luces, un desastre sin paliativos, Sánchez ha optado por el ataque como método de defensa, tildando de «confrontación estéril» cualquier petición de justicia.
El escenario de esta defensa numantina ha sido una comparecencia marcada por la frialdad administrativa. Mientras las familias de los 45 fallecidos aún intentan asimilar la magnitud de lo ocurrido en las vías andaluzas, el líder del Ejecutivo se ha dedicado a reivindicar la figura de un ministro que ha hecho del conflicto y la desatención su seña de identidad. Para Sánchez, las tragedias «suceden», como si fueran fenómenos meteorológicos inevitables y no el resultado de una infraestructura que gime bajo el peso de la falta de inversión y una supervisión que brilla por su ausencia en los puntos críticos de nuestra geografía.
La gestión de Óscar Puente en el ojo del huracán tras los 45 muertos
No es la primera vez que la gestión ferroviaria bajo el mandato de Puente es cuestionada, pero la magnitud de lo ocurrido en Adamuz ha sobrepasado todos los límites de la tolerancia social. Las investigaciones preliminares apuntan a fallos en los sistemas de seguridad que debían haber evitado la colisión, unos sistemas que dependen directamente de las directrices marcadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Sin embargo, para Sánchez, estos datos son secundarios frente a la necesidad de proteger a uno de sus pretorianos más fieles en el Consejo de Ministros.
El presidente ha llegado a afirmar que «España cuenta con una red ferroviaria de vanguardia», una declaración que suena a burla sangrienta para los usuarios habituales de los trenes de media distancia y Cercanías, que sufren retrasos y averías de forma casi diaria. La realidad que se vive en las estaciones dista mucho de los despachos de La Moncloa, donde parecen más preocupados por el relato mediático que por la seguridad física de los ciudadanos que confían sus vidas a Renfe.
La oposición, encabezada por figuras que Sánchez no ha dudado en atacar durante su intervención, ha exigido la dimisión inmediata de Óscar Puente. Argumentan, con razón, que en cualquier democracia sana, un balance de 45 muertos en un servicio público esencial provocaría la caída inmediata del máximo responsable. Pero en la España de Sánchez, la responsabilidad política parece ser un concepto opcional, aplicable solo a los rivales y nunca a los propios. El caso recuerda a otros momentos de crisis donde el Ejecutivo prefirió el atrincheramiento, como ocurrió cuando Sánchez intentó desviar la atención hacia conflictos internacionales para no hablar de los problemas domésticos.
¿Y la gestión desastrosa de Renfe también sucede por accidente?
Resulta alarmante la facilidad con la que el presidente del Gobierno despacha las críticas alegando que se trata de «ruido político». No es ruido, es el clamor de una sociedad que ve cómo la red ferroviaria, que en su día fue orgullo nacional, se deteriora a pasos agigantados. Bajo el mandato de Puente, hemos visto desde trenes que no caben por los túneles hasta un aumento exponencial de las incidencias en la alta velocidad, culminando ahora con el horror de Adamuz.
La pregunta que queda en el aire, y que el Ejecutivo se niega a responder, es si la cadena de errores que llevó al accidente de Adamuz es el resultado de una negligencia sistemática. Si se han priorizado los presupuestos en propaganda por encima del mantenimiento de las vías y la actualización del material rodante. Mientras Sánchez habla de «un país que avanza», los ciudadanos ven cómo retrocedemos en seguridad básica. La complacencia del presidente con su ministro de Transportes no es solo una falta de respeto a las víctimas, es un aviso de que, bajo este Gobierno, nadie se hace cargo de los errores, por graves que sean sus consecuencias.
El descontento no se limita a las cámaras parlamentarias. En las calles y en las redes sociales, el sentimiento de impunidad es creciente. La gente se pregunta si habrá que esperar a otra tragedia de la misma magnitud para que alguien en el Ministerio de Transportes decida que su tiempo ha terminado. El hecho de que figuras de peso histórico hayan advertido sobre la deriva de este Gobierno en el pasado parece no haber servido de nada frente a la sordera voluntaria de un presidente que solo escucha los aplausos de sus allegados.
En conclusión, la defensa de Óscar Puente por parte de Pedro Sánchez es un síntoma más de una legislatura agotada en lo moral pero asfixiante en lo institucional. Adamuz no será solo recordado por el dolor de la pérdida, sino por ser el lugar donde el Gobierno decidió que 45 vidas
