Los encausados pidieron la suspensión, porque era ‘altamente probable’ la entrada en vigor de la amnistía y para ‘ahorrar cargas procesales’
El Tribunal de Cuentas del Reino ha denegado este jueves la la solicitud de suspensión de la causa contra el fugitivo Puigdemont y otros 34 altos cargos de la Generalidad, encausados por su presunta responsabilidad contable por el desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del gobierno regional en el contexto del ‘procés’,
La consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha expresado su posición contraria a la suspensión del procedimiento. Su argumento se basa en la falta de información sobre los términos de la ley de Amnistía de Sánchez a los delincuentes separatistas pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales.
El Tribunal de Cuentas del Reino asume que la causa no puede depender de acontecimientos futuros
Oriol Junqueras y otros encausados de ERC presentaron una solicitud de suspensión al Tribunal de Cuentas, argumentando la alta probabilidad de que la ley entre en vigor en los próximos meses. Alegaron que la continuación del juicio podría acarrear cargas procesales innecesarias.
Durante la vista del 17 de noviembre, tanto la Fiscalía como la asociación Sociedad Civil Catalana se opusieron a la suspensión del procedimiento.
La consejera ha respaldado la posición de la Fiscalía, considerando pertinente desestimar el argumento de los representantes de ERC y seguir con el procedimiento. Esta posición se fundamenta en la idea de que la suspensión no puede depender de eventos futuros.
Según ha recordado Confilegal, la Fiscalía reclama en la causa a los 35 en causados 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales de uno 9,5 millones del propio Tribunal de Cuentas del Reino.
Sociedad Civil Catalana, por su parte, reclama 5 millones de euros a 11 de los encausados, que ya aportaron una fianza antes del juicio para evitar embargos.
