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La fiscalía se opone a la petición de Oriol Junqueras de suspender la causa en el Tribunal de Cuentas contra él y sus compinches

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El Tribunal de Cuentas seguirá con la causa contable por el desvío millonario de fondos públicos para financiar el proceso separatista

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas del Reino se ha opuesto a la petición de Oriol Junqueras de cerrar la causa contable contra él y sus compinches por el desvío de fondos públicos para financiar el proceso separatista.

Junqueras basó su petición en la admisión a trámite por la mesa del Congreso de la ley de amnistía que PSOE y Junts negociaron como pago por la investidura de Sánchez. Sin embargo, la Fiscalía indicó que no era adecuado parar el proceso ya que la entrada en vigor de dicha ley es un hecho “futuro y relativamente incierto“.

La misma respuesta que en la petición del 17 de noviembre

El fiscal encargado del caso, que involucra a más de treinta ex altos cargos de la Generalidad, respondió a la petición de Junqueras y otros ocho demandados, incluyendo a Carme Forcadell y Raül Romeva, afirmando que no se podía suspender el procedimiento por la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía.

El fiscal de Sala Jefe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, reiteró su posición anterior expresando que la amnistía no era aplicable al proceso separatista y que, de igual manera que no se suspendió el juicio por su petición del pasado 17 de noviembre, tampoco debía suspenderse el procedimiento contable.

El magistrado precisó que la ley de amnistía estaba al inicio de su proceso legislativo y, por tanto, no tenía efecto alguno en el momento actual debido a la incertidumbre sobre su contenido y entrada en vigor.

Saqueo millonario de dinero público para organizar el referéndum ilegal

La Fiscalía reclama a los 35 demandados un total de 3,4 millones de euros (de los 9 millones iniciales) por los gastos realizados durante el proceso separatista en el extranjero entre 2011 y 2017. Estos fondos figuran entre los desviados para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y financiar actividades soberanistas en el extranjero.

Según ha recogido Vozpópuli, Sociedad Civil Catalana también reclama en su demanda sobre 5 millones de euros que incluyen incluyendo gastos promocionales y de difusión en soportes públicos, y otros dispendios con dinero del erario relacionados con el referéndum del 1-O, como el alquiler de locales, donde atribuyen un desfalco de 900.906 euros.

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