España es, junto a la dictadura venezolana, el país del mundo que incumple más sentencias de tribunales de arbitraje internacionales
El tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha emitido el vigésimo sexto laudo contra España por la retirada retroactiva de primas a las renovables. En esta ocasión, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), vinculado al Banco Mundial para resolver laudos, falló en favor de la energética alemana E.ON.
La denuncia se remonta al año 2015, cuando E.ON invocó el Tratado de la Carta de la Energía e inició un litigio contra España. La multinacional reclamó por el pufo de las renovables una compensación de 324,7 millones de euros, pero el tribunal consideró en su laudo el 90% de la cantidad exigida por E.ON, según confirmó el digital Libre Mercado.
E.ON, entre los 51 litigantes contra España
El pufo de las renovables, tras la delirante política energética de Zapatero y los posteriores ajustes de Rajoy, se saldó con 51 procedimientos contra España por parte de los afectados, que recurrieron a tribunales de arbitraje internacionales.
A falta de conocer la indemnización final de E.ON, las otras 25 sentencias desfavorables contra España hasta la fecha suponen pagos de más de 1.200 millones de euros en concepto de indemnizaciones, que ascienden a 1.800 al sumar 250 millones adicionales por intereses de demora, costas legales y gasto del Gobierno en abogados.
España, el único país que incumple sistemáticamente las sentencias de arbitraje
Como aún faltan docenas de litigios por resolver, los fallos a favor del demandante pueden que la cifra aumente hasta los 2.000 millones. El Gobierno español afronta embargos internacionales por parte de las compañías afectadas por el pufo de las renovables, pues el Gobierno incumple las sentencias.
En este sentido, España es junto a la tiranía socialista venezolana, el país que más incumple laudos internacionales. Tal información está recogida en el Informe sobre el Cumplimiento del Arbitraje de Tratados de Inversión que elabora anualmente el especialista Nikos Lavranos.
Lavranos reveló a The Objective que, «Mientras muchos Estados miembros de la UE acaban pagando o liquidando los fallos en su contra, España destaca por negarse sistemáticamente a pagarlos».
España está obligada a pagar las sentencias de los tribunales de arbitraje internacionales, pues forma parte del Tratado de la Carta de la Energía, creado para proteger a las compañías inversoras de los cambios regulatorios, como fue el caso del pufo de las renovables.
