La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal preocupa al CGPJ y dos de las tres asociaciones de fiscales por las dudas sobre la imparcialidad del Fiscal General
El triministro Félix Bolaños intenta acelerar el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRim) socialista para eliminar la figura del juez instructor, encargado de la investigación inicial del proceso penal, y que lo sustituya una fiscal investigador.
Bolaños tiene tal prisa por instaurar una ley donde el Ministerio Público asuma las investigaciones penales, que intentará remitir el anteproyecto al Consejo de ministros entre junio y septiembre de este año.
Coincidente con el acelerón legislativo de Bolaños, el Fiscal General, Álvaro García Ortiz, ha convocado a las tres asociaciones de fiscales que organicen un grupo de trabajo para crear el nuevo Estatuto Fiscal adaptado a la nueva LECRim.
Sospechas de parcialidad de una Fiscalía en manos de alguien tan cuestionado como García Ortiz
Con el pretexto de modernizar la administración de justicia y equipara a España con la UE, la ley genera preocupación en el CGPJ (y dos de las tres asociaciones de fiscales) por las dudas que les plantea la imparcialidad del Fiscal General, abiertamente izquierdista, designado a dedo por el Gobierno.
La oposición también denunció la cercanía con el PSOE de García Ortiz -hasta el punto de participar en un mitin socialista en 2019, invitado por su cargo en la fiscalía en aquel momento-, lo que genera sospechas de parcialidad en sus actuaciones relacionadas con casos que afectan a los intereses del Gobierno.
El CGPJ pide reforzar la independencia de los fiscales para que no sean correas de transmisión del Gobierno
Según la propuesta del Gobierno, se cambiará la estructura de la administración de justicia penal, se introducirán nuevas “herramientas y técnicas de investigación, así como refuerzos de las garantías procesales de los involucrados en un proceso penal”.
Entre ellas figura la creación de nuevas figuras con roles específicos: el juez de garantías, para proteger los derechos de los investigados, y el juez de la audiencia preliminar, relacionado con decisiones sobre la apertura de juicios y la validez de las pruebas.
Una LECRim que necesita la reforma simultánea del Estatuto Fiscal
Tal como recuerda ‘Confilegal’, El Consejo Fiscal ya manifestó en 2021 su preocupación ante un cambio de semejante calado que ignora las necesidades que plantea su instauración.
El Consejo pedía la reforma simultánea del Estatuto Fiscal para garantizar la independencia de la fiscalía y la creación de los recursos para que los fiscales asuman su papel de investigadores.
Es esa línea, los vocales del CGPJ responsables de elaborar la ponencia sobre el proyecto de LECRim de Sánchez advierten que para que el cambio sea viable hay que reformar a la vez el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que garantice su autonomía y no sea “una correa de transmisión del Gobierno”.
‘¿De quién depende la Fiscalía?’
La enésima vuelta de tuerca legal que prepara Sánchez reviste tal complejidad, porque implica cambiar la arquitectura jurídica española, que su implantación por fases se prevé para dentro de seis años, en el distópico 2030 cuya agenda profesan los socialistas y sus cómplices.
La implantación de la LECRim de Sánchez queda fuera del alcance de la presente legislatura y la aplicará otro Ejecutivo socialista o de un PP colaboracionista que, como Rajoy en su día, no derogue las leyes heredadas que arrastran a España hacia el filo del abismo totalitario, ya visible en 2024.
