Fuentes policiales y judiciales lamentan que Interior y la Generalidad se nieguen a proteger al juez Aguirre, amenazado por los separatistas
Con una semana de retraso, se ha difundido hoy que el juez Joaquín Aguirre, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, recibió el pasado jueves un paquete bomba simulado. El letrado del Juez Aguirre fue quien abrió el paquete.
El envío, que ‘pasó inexplicablemente el escáner de seguridad del Juzgado y llegó hasta el Letrado’, incluía un temporizador electrónico junto a una bolsa que simulaba una carga explosiva. El juez Joaquín Aguirre investiga el ‘caso Voloh‘ sobre presuntos vínculos del golpista fugitivo, Carles Puigdemont y sus compinches con el gobierno de Rusia.
Desidia de Interior y la Generalidad a la hora de proteger al juez Aguirre
Según fuentes policiales recogidas por ‘El Mundo’, que una bomba simulada llegue a sede judicial ha generado gran preocupación, pues lo interpretan como «una clara amenaza» o intento de intimidar a un juez que instruye causas relativas al separatismo catalán.
Las fuentes policiales y judiciales lamentaron que la Generalidad se niegue a aportar un dispositivo de seguridad a un magistrado amenazado por separatistas. Además, también criticaron que Interior tampoco reforzó la seguridad de Aguirre.
Por su parte, fuentes consultadas por LD señalaron que «el paquete bomba simulado pasó inexplicablemente el escáner de seguridad del Juzgado y llegó hasta el Letrado de la Admón. de Justicia del magistrado que fue quién lo abrió y dio la voz de alarma».
También añadieron que «Los Mossos iniciaron una investigación hace una semana, pero se desconoce si han practicado diligencias más allá del reportaje fotográfico y si ésta se ha judicializado».
«Tampoco se conoce si se ha ofrecido un refuerzo en la seguridad del Juzgado de Instrucción o del propio juez Joaquín Aguirre, o si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha prestado amparo al magistrado», añadieron las mismas fuentes.
El ‘caso Volhov’ sobre los vínculos del golpista Puigdemont y Rusia
A finales de enero, antes de la primera aprobación de la Amnistía de Sánchez en el Congreso, Aguirre extendió la instrucción del ‘caso Volhov‘, implicando a Víctor Terradellas, exdirigente de CDC, y a Josep Lluís Alay, jefe de gabinete del golpista Puigdemont.
De confirmarse la línea de investigación del ‘caso Voloh’, el prófugo Puigdemont y sus compinches pueden ser juzgados por un delito de alta traición: presuntamente intentaron obtener el reconocimiento ruso de la independencia regional catalana en 2017.
En un escenario de acoso permanente, el juez Aguirre y el magistrado del Supremo, Manuel García-Castellón, están señalados por los separatistas por cumplir su deber: investigar la presunta comisión de un delito de extrema gravedad que afecta a la seguridad nacional.
Para los separatistas, que ambos magistrados hagan su trabajo se considera un intento de sabotaje de la amnistía de Sánchez, porque la alta traición no entra en el borrado de delitos que pretende aprobar el socialista a cambio de su investidura.
