Se investiga al socialista y otros 20 sujetos por presuntas concesiones ilegales de 35,1 millones a dedo para empresas del Grupo Ruiz-Mateos
El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado este jueves un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas seguidas contra el socialista Daniel Alberto R., exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, y otros veinte imputados que se investigan en una pieza separada del caso del saqueo de los ERE.
El juez detalla en su auto que el objeto de esta pieza “lo constituye la presunta ilicitud de las ayudas sociolaborales o excepcionales facilitadas y abonadas” entre 2001 y 2010 por la Dirección General de Trabajo en favor de las empresas del Grupo Ruiz-Mateos, ascendiendo el importe de estas “supuestas subvenciones graciosamente concedidas” a la suma de al menos 35.119.277,50 euros.
Unas ayudas «financiadas con fondos de la Junta de Andalucía; subvenciones que habrían gestado y concertado con los altos cargos de la Administración concedente mediante negociaciones verbales, al margen de cualquier atisbo de publicidad y de espaldas al procedimiento legalmente establecido”.
‘Presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental’
Las diliigencias previas como procedimiento abreviado señalan como presuntos responsables penales, a un total de 21 investigados, entre ellos el exalto cargo de la Junta socialista, directivos y representantes de las empresas que recibieron las ayudas (entre ellos tres hijos del fundador del Grupo), cinco “intrusos” y tres responsables de las mediadoras Vitalia y Uniter.
El magistrado toma esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental, dando traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas.
Director de Trabajo de la Junta de Andalucía Socialista
Respecto al exdirector general de Trabajo de la Junta bajo gestión del PSOE, Daniel Alberto R., el instructor argumenta en su auto que “concurren sólidos indicios de los que se desprende que durante su mandato como director general de Trabajo y Seguridad Social se concedieron y realizaron, de manera injusta y arbitraria, diversos pagos de ayudas y subvenciones ilícita -objeto específico del presente procedimiento-“.
El juez añade que «la constatación de evidentes indicios de criminalidad en su actuación por el hecho de haber realizado pagos de las ayudas a sabiendas de la evidente ilicitud del procedimiento seguido para su concesión ha sido ya destacada en diversas resoluciones” por la Audiencia Provincial.
El auto explica que ello es así “con independencia de que pudiera no haber tenido connivencia alguna con el resto de investigados», porque «varios sujetos pueden cooperar, adhiriéndose sucesivamente a la perpetración de un delito en sus distintas fases (de preparación, génesis, desarrollo y ejecución) sin una connivencia previa y expresa dirigida a su consecución, lo que podría diferenciar la coautoría -sucesiva o adhesiva- de la cooperación necesaria”.
Intentó eludir su responsabilidad, años después, al ver que se investigaba el caso
El magistrado asevera que tampoco es «eximente o excusa absolutoria» que el alto cargo socialista «iniciara –años más tarde de disponer ilícitamente de los fondos públicos a su cargo– un procedimiento dirigido a detectar y declarar la inclusión indebida de beneficiarios irregulares en las pólizas de las empresas beneficiarias de la financiación de los EREs por la Dirección General de Trabajo».
En ese sentido, añade que «aquella actuación, producida mucho tiempo después de perpetrarse los delitos que se deducirían cometidos” por el ex alto cargo, “una vez iniciada la investigación penal de los hechos en el marco de la causa matriz», da lugar «a lo sumo, a la apreciación de una atenuante de reparación del daño o análoga”.
¿En qué consiste la pieza separada del saqueo socialista de los ERE?
La pieza en cuestión se centra en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta, en manos del PSOE, concedió a empresas del Grupo Ruiz-Mateos (Complejo Bodeguero Bellavista, Zoilo Ruiz-Mateos S.L., Hotel Cervantes -Europa Center- y Comercial Alimentaria Dhul S.L.) por un importe total de 35.119.277,50 euros.
Las subvenciones, según explica el instructor, habrían tenido por objeto, el pago de compromisos financieros y laborales de la empresa, tales como el pago de las indemnizaciones por despido (“prejubilaciones”) de sus trabajadores afectados por cuatro ERE concertados y autorizados por la autoridad laboral mediante la financiación de un seguro de rentas.
El auto destaca que se incluyeron en «dicho aseguramiento a algunos ‘trabajadores’ que no estaban afectados por los ERE descritos y que ni siquiera tenían relación laboral con la empresa al tiempo de su inclusión como beneficiarios de aquél”.
También indica el auto que los responsables y representantes de las sociedades beneficiarias investigados en esta causa, “gracias a la intermediación” de otros dos encausados, “habrían conseguido el otorgamiento de unas supuestas “subvenciones” públicas, de forma absolutamente arbitraria e injusta«.
