Recuerdan a Ortiz que la propia ley impide borrar la malversación de los cabecillas separatistas, porque incrementaron su patrimonio, que usaron para financiar el ‘procés’
Los cuatro fiscales del juicio del ‘procés’ en el Supremo han dirigido este miércoles un informe al fiscal general designado por Sánchez donde indican que “es improcedente amnistiar los delitos de malversación”, de los procesados y condenados que les exige el propio Álvaro García Ortiz.
La propia ley, argumentan los letrados, “impide la aplicación de tal medida al delito de malversación objeto de esta causa”, al existir “propósito de enriquecimiento personal o beneficio patrimonial”.
Además, añaden, “los hechos tampoco pueden ser amnistiados al estar excluidos de la aplicación de la Ley de Amnistía por afectar a los intereses financieros de la Unión Europea”.
El fiscal designado por Sánchez fracasa en su escenificación de unanimidad
El FGE nombrado por Sánchez trataba de escenificar una unanimidad para aplicar la amnistía de Sánchez, pero en un contundente contundente informe extractado por Confilegal, los fiscales no cambian su criterio según les exige.
Bien al contario, exponen a Ortiz que “Resulta indudable que los procesados Carles Puigdemont, Antoni Comin y Lluis Puig y los condenados por sentencia firme Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raul Romeva y Dolors Bassa, como receptores de los gastos sustrajeron por sí mismos caudales públicos”.
Fondos sustraídos para el procés, que tampoco restituyeron
“No recurrieron a que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar contra las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia», advierten.
Además, como agravante, «esos fondos no se restituyeron” por parte de los malversadores, le recuerdan a García Ortiz los fiscales del ‘procés’.
Los malversadores obtuvieron beneficio patrimonial
Los fiscales explican que la malversación de caudales públicos supuso un «indudable beneficio patrimonial para los autores«, ya que destinaron el dinero «al desarrollo de su ilegal proyecto».
«Decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal, conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles” subraya el informe.
Usaron los fondos para pagar contraprestaciones onerosas por encargo suyo
“No fueron terceros los que los sustrajeron con la complacencia omisiva de los gestores públicos, sino que fueron estos quienes se apropiaron del dinero para pagar las contraprestaciones onerosas realizados por encargo suyo», destacan en el informe.
«Es decir, incorporaron a su ámbito de dominio el dinero ocultado a los ojos de la Intervención del Estado para sufragar los gastos de su proyecto inconstitucional”, ahondan los fiscales.
Si Ortiz quiere aplicar la amnistía desoyendo a los fiscales, que lo ordene por escrito
Los fiscales añaden que si García Ortiz considera “que debe aplicarse en todo caso la ley, prescindiendo del análisis del hecho concreto y de los argumentos jurídicos expuestos, deberá ordenarlo por escrito de manera motivada y fundada, y a continuación proceder conforme a lo dispuesto en el art.27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal».
Tal medida, le recuerdan, implica convocar la Junta de Fiscales de Sala «ya que estimamos que su aplicación en lo que concierne al delito de malversación de fondos públicos es improcedente y contraria a las leyes por no ajustarse a los criterios más elementales de lógica jurídica y de legalidad penal exigibles en la interpretación y aplicación de la norma”.
“En el caso de que mantenga finalmente la decisión sobre la aplicación de la ley a los hechos constitutivos de malversación, en aplicación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal» será necesario que despache la causa el propio García Ortiz o quien designe, concluyen los fiscales.
