Con siete altos cargos imputados, la Abogacía del Estado y la Fiscalía logran el archivo por un fallo en la prórroga de la instrucción
Archivo provisional de la instrucción de la causa por la compra de mascarillas defectuosas por el ministerio de Sanidad durante la pandemia, cuando lo dirigía Salvador Illa. La Abogacía del Estado y la Fiscalía pidieron el archivo de la causa en abril al detectar un error en la prórroga de la instrucción, lo que hizo el juez el pasado junio.
Siete altos cargos imputados
El caso arrancó en agosto de 2021 para descubrir las posibles responsabilidades penales en las compras de mascarillas en mal estado que se suministraron al personal solitario durante la pandemia.
El instructor imputó el pasado abril a siete altos cargos del Gobierno central, de Andalucía y de Cataluña. La Abogacía del Estado reaccionó el mismo mes y pidió el archivo de la causa con el fin de tumbar las declaraciones de los altos cargos por el citado error judicial con la prórroga de los plazos.
La fiscalía, que también se adhirió a la petición, argumentó que el plazo de instrucción expiró en octubre de 2022 y, al no haberse prorrogado, las testificales de los altos cargos eran inválidas. Finalmente, el instructor cerró el pasado junio las diligencias sin poder determinar la responsabilidad penal del ministerio.
Mascarillas inútiles suministradas por Illa a médicos que atendían pacientes de Covid
La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se querelló contra Illa, por un delito contra la seguridad de los trabajadores. La denuncia apuntaba al contrato de emergencia que Sanidad firmó con una empresa textil china (Garry Galaxy) por 23,8 millones de euros.
La querella añade que el ministerio de Illa compró una partida de mascarillas FPP2 que incumplía la normativa y, sin siquiera verificar su calidad, las repartió entre el personal sanitario que atendía a enfermos de Covid entre los días 5 y 17 de abril de 2020.
Además de no dedicarse al sector sanitario, la empresa china tampoco figuraba entre los proveedores que la dictadura recomendó a Moncloa para comprar mascarillas durante la pandemia, por lo que también se incumplió el procedimiento para las adjudicaciones ‘a dedo’.
El Gobierno tardó nueve meses en aportar documentación de las adjudicaciones de Illa
Tras recorrer la querella diferentes tribunales por cuestión de competencias para investigar a Illa, la Audiencia Provincial de Madrid finalmente estimó el recurso del sindicato CESM y ordenó en diciembre de 2022 que el titular del Juzgado de Instrucción nº14 de Madrid reabriese las diligencias.
El instructor reabrió la causa y requirió a diferentes organismos, entre ellos el ministerio de Sanidad información sobre el reparto de mascarillas defectuosas y su orden de retirada. El Gobierno tardó nueve meses en responder y aportar la documentación, hasta el pasado octubre.
Según recoge ‘Vozpópuli’ la tardanza en aportar el material clave paralizó la causa impulsada por CESM y el instructor tuvo que requerir con urgencia al Gobierno de Sánchez que cumpla con lo solicitado.
Por último, la Abogacía del Estado y la Fiscalía pidieron en abril el archivo, argumentando que las diligencias llevaban sin prorrogarse desde octubre de 2022 y estaban fuera de plazo.
