De momento, está en prisión la cúpula del partido y se investigan 78 millones en contratos por presunta compra de votos y desvío de dinero público
Avance judicial sin pausa en Melilla, antiguo cortijo de Mustafá Aberchán y su CpM, socios de PSOE local. La Operación “Santiago-Rusadir” suma nuevas declaraciones esta semana y fuentes cercanas al caso confirman que este jueves un miembro del Gabinete de Comunicación de Coalición por Melilla (CpM) declarará como detenido en la Jefatura de Policía y después pasará a disposición judicial.
Los investigadores lo señalan por crear y difundir vídeos y memes que buscaban desacreditar a líderes del PP como Juan José Imbroda y Miguel Marín, siguiendo órdenes directas de la cúpula del partido.
En paralelo, varios taxistas ya declararon en comisaría. Los agentes los interrogaron por transportar votantes de barrios periféricos de mayoría musulmana hasta los colegios electorales durante las elecciones municipales de 2019. CpM habría pagado o coordinado esos traslados con dinero público o favores ilegales, según la investigación.
33 investigados, cuatro en prisión y 2 millones embargados a Aberchán
La juez del Juzgado número 2 mantiene a 33 personas investigadas y revisa miles de documentos. Cuatro exconsejeros y el propio líder de CpM, Mustafa Aberchán, ingresaron en prisión provisional. Aberchán lo detuvo la Policía en Santander mientras asistía a un congreso médico.
El Faro de Melilla recuerda que la juez también embargó más de dos millones de euros al expresidente de la Ciudad y ordenó a los cinco principales dirigentes cepemistas entregar el pasaporte y firmar dos veces al mes en el juzgado para evitar riesgo de fuga o destrucción de pruebas.
Otros dos altos cargos, como la expresidenta de Emvismesa, Yonaida Selam, salieron bajo fianza tras pasar por prisión. La instrucción principal podría cerrarse a mediados de 2026, pero el caso ya se dividió en varias piezas separadas para agilizar los trámites.
Contratos de 78 millones bajo sospecha
Los investigadores analizan más de 350 contratos públicos adjudicados en los últimos años por valor superior a los 78 millones de euros. Muchos se concedieron por el procedimiento de urgencia o con informes técnicos dudosos.
La Policía sospecha que parte de ese dinero se desvió para pagar comisiones ilegales y financiar la compra masiva de votos que llevó a CpM al poder en 2019.
La causa avanza con rapidez y nadie descarta nuevas detenciones en las próximas semanas. Mientras, Melilla espera conocer el alcance total de una trama que, según los indicios, tocó todos los niveles del anterior gobierno cepemista.
