Los organizadores denuncian que el Estado y la Xunta traicionan a la población y están ‘al servicio de los intereses del lobby energético’
Bajo el lema «Defendemos las montañas contra los gobiernos y especuladores», numerosos colectivos gallegos se concentraron ayer domingo en seis localidades afectadas por las políticas seguidas por el Estado y la Xunta en la instalación de parques eólicos en los montes de la región.
Durante la manifestación en Moraña se hizo hincapié en que hace apenas unos días el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) suspendió de manera provisional la ejecución del acuerdo de la Xunta que concedió a la promotora del parque eólico Campo das Rosas en los términos municipales de Campo Lameiro, Cercedo-Cotobade y A Estrada,
También el pasado octubre el TSXG suspendió cautelarmente la ejecución del parque de aerogeneradores de Acibal, en los términos municipales de Barro, Campo Lameiro y Moraña.
En ambos acuerdos suspendidos con las promotoras, la Xunta otorgó las autorizaciones administrativas previas y de construcción, y declaró de utilidad pública de las instalaciones y su compatibilidad con los aprovechamientos forestales.
Los gobiernos del Estado y de la Xunta instalan parques eólicos ‘al servicio de los intereses del lobby energético’
Cientos de personas se reunieron en Amil, Moraña, para expresar su rechazo a las políticas de construcción de parques eólicos en Galicia, cuyos beneficios, además, no se quedan en la zona afectada por las instalaciones.
Según ha recogido El Faro de Vigo, esta convocatoria, liderada por la Coordinadora «Eólica Así Non», contó con la adhesión de alrededor de 200 plataformas, colectivos y organizaciones que buscan detener el avance de este método de explotación industrial en los montes.
La organización de las movilizaciones quiso poner de manifiesto “el papel que la sociedad civil organizada» durante «los últimos tres años en defensa de las montañas y, en general, del territorio gallego, frente al actual expolio eólico«
Una sociedad civil «traicionada y abandonada por los gobiernos del Estado y de la Xunta”, los cuales “se pusieron al servicio únicamente de los intereses del lobby energético”, concluyó la organización.
