Aunque es feminista, la legislación trans de Brasil equipara su disidencia con ‘racismo’ y el régimen puede pedir 25 años de prisión para ella
Isabella Cêpa, una exactivista y comunicadora brasileña de 29 años, obtuvo el estatus de refugiada en un país europeo —no revelado por razones de seguridad— tras enfrentarse a procesos judiciales en Brasil por comentarios críticos sobre la ideología trans.
Cêpa, que se dio a conocer por sus publicaciones sobre violencia doméstica y sexual, asegura que su persecución se intensificó después de criticar en redes el triunfo de alguien autodefinido transgénero. Su caso, que comenzó con un mensaje periodístico en junio de 2022 en el que se enteró por primera vez de que había sido imputada, ha acabado convirtiéndose en un expediente que la llevó al exilio.
Isabella Cêpa descubrió por terceros que afrontaba prisión por un retuitear mensajes no escritos por ella
El proceso, descrito en una entrevista en el canal The ridgehead de Jonathon Van Maren, se aceleró tras una nota periodística: un diario le envió un mensaje informándole de que se enfrentaba a varios cargos por retuits o interacciones que ella no había escrito originalmente.
En julio de 2024, mientras intentaba viajar a España, agentes federales en el aeropuerto de Salvador la retuvieron y, tras revisar el expediente, le avisaron de que no volviera a Brasil por riesgo de detención. Desde entonces inició desplazamientos prolongados —pasó por Marruecos y Portugal— y, finalmente, presentó solicitud de protección internacional ante la Agencia de Asilo de la UE.
Policías ‘izquierdistas’ le advirtieron en el último momento del peligro que corría
Su petición concitó escepticismo inicial: la agencia pidió la traducción exhaustiva de miles de páginas de actuaciones antes de reconocer la “persecución política” que denunciaba. La concesión del estatuto de refugiada sorprendió a Cêpa, que la considera un precedente: según ella, es la primera brasileña desde la dictadura que ha recibido protección internacional por persecución estatal brasileña ligada a su oposición a la ideología de género.
Los aliados de la mujer en Brasil, entre ellos colectivos feministas, intentaron agotar vías administrativas y políticas sin éxito. Cêpa relata que la difamación pública le costó el empleo y que la presión mediática y judicial dejó secuelas personales y económicas: largas temporadas aislada, problemas para encontrar trabajo y la necesidad de financiación colectiva.
El 2 de septiembre, la Corte Suprema de Brasil archivó temporalmente su causa, un fallo que la activista celebró como “un hito para la libertad de expresión”. No obstante, el archivo no impide que el tribunal pueda reabrir el caso, y Cêpa mantiene la prohibición práctica de regresar a Brasil por temor a nuevas detenciones.
Según las leyes de Lula, cuestionar la ideología trans equivale a racismo
En 2019, el Supremo brasileño resolvió que la discriminación contra la comunidad LGBTI podía ser perseguida bajo tipos penales equivalentes al “racismo”, una interpretación que, según Cêpa y sus defensores, abrió la puerta a querellas por “transfobia” en el terreno penal.
Isabella Cêpa no es la única perseguida por el proyecto totalitario gubernamental izquierdoso, porque existen muchos otros en Brasil, denuncia European Conservative, que afrontan prisión por motivos tan surrealista como un conserje, que puede pasar cinco años en la cárcel por decirle a un hombre que se percibe trans que salga de un baño de mujeres.
Según advierte European Conservative, el medio que recoge la entrevista, grandes instituciones filantrópicas invirtieron dinero en grupos de activistas LGBT y medios de comunicación y donaron a políticos, qui enes a su vez deciden qué ONG y grupos LGBT financiar.
En una siniestra y totalitaria versión de la economía circular, los grupos producen informes y recomendaciones, que luego los políticos utilizan para defender políticas LGBT.
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