La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, declaran que cumplieron órdenes de su superior jerárquico
La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, han declarado este jueves como investigados ante el instructor de la querella de Alberto González Amador contra ellos por un presunto delito de revelación de secretos. Ambos fiscales declararon que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien les dio la orden directa de filtrar las comunicaciones confidenciales del abogado del querellante el pasado 14 de marzo, y que obedecieron al tratarse de un organismo jerarquizado.
Julián Salto y Pilar Rodríguez se escudan en que cumplieron órdenes de su superior
El fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, comenzó su declaración sobre las 11:00. Salto aseguró que no conocía ni participó en las filtraciones, que se enteró de ellas por la prensa y que ni él ni la fiscal decana de su sección sabían quién era González Amador, pareja de Ayuso, hasta el 13 de marzo.
Ese día fue cuando la fiscal Pilar Rodríguez, también imputada, le sacó del Estadio Metropolitano, donde asistía a un partido de fútbol, y le instó a enviarle los emails confidenciales que cruzaron la fiscalía y el abogado de González Amador. El defensor de la pareja de Ayuso negociaba un pacto de conformidad con la fiscalía en el marco de una causa por fraude fiscal.
El fiscal Salto la tuvo que remitir los mails confidenciales y un resumen de la situación procesal de González Amador, que los presuntos delincuentes se encargaron de filtrar esa misma noche a una radio de la cuerda del Gobierno.
La fiscal Pilar Rodríguez, que también declaró este jueves, confirmó que García Ortiz dio la orden directa de confeccionar la nota de prensa con la filtración de las comunicaciones del abogado.
Según recoge ‘Confilegal’, la propia fiscalía general del Estado creó y remitió un texto en Word a Pilar Rodríguez para que ella elaborase una nota de prensa en otro documento, borrando así el rastro del origen de la filtración.
El fiscal general nombrado por Sánchez, Álvaro García Ortiz, intentó evitar los testimonios
A las declaraciones anteriores se sumó el pasado 13 de junio la de la Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra de Inés, en calidad de testigo.
Lastra aportó el chat de texto con García Ortiz, donde evidencia que se negó a cumplir su orden de filtrar los datos del abogado, por lo que el fiscal nombrado por Sánchez recurrió a sus dos subordinados, hoy imputados, para cometer el presunto delito.
Por su parte, García Ortiz asumió verbalmente la responsabilidad del presunto delito y solicitó en abril al instructor que no investigue a sus subordinados y que derive la causa al Supremo, porque él es es aforado. El fiscal nombrado por Sánchez añadió que, de todas reformas, aunque lo impute el Tribunal Supremo tampoco piensa dimitir.
Las declaraciones de sus subordinados querellados, y el testimonio de la fiscal Almudena Lastra, que se negó a cumplir las órdenes de García Ortiz, han dejado la instrucción en su momento definitivo, con la imputación del fiscal general por el Supremo pendiente de un hilo.
