Aunque no estén en Cataluña, grandes empresas y otros servicios deberán formar en la lengua regional a sus trabajadores de atención al cliente
Nueva cesión de Sánchez a sus acreedores de investidura. Junts per Catalunya ha anunciado un acuerdo con el comatoso Gobierno de Pedro Sánchez para obligar a que las grandes empresas y servicios de interés general atiendan en catalán en sus departamentos de atención al cliente, incluso si no están ubicadas en Cataluña.
Según detalló la portavoz del partido del fugitivo Puigdemont, Míriam Nogueras, la nueva normativa obligará a que todas las empresas con más de 250 trabajadores, o con una facturación superior a 50 millones de euros anuales, así como aquellas que presten servicios básicos de interés general, tengan que atender en catalán a los usuarios que lo requieran.
Empresas obligadas a formar trabajadores en catalán, aunque no estén ubicadas en la región
El pacto se enmarca en la tramitación de la ley de servicios de atención a la clientela, actualmente en debate en el Congreso, recuerda The Objective. La imposición supone un cambio de paradigma, en palabras de Junts, ya que hasta ahora la atención en catalán dependía de la voluntad de cada empresa o de si tenían sede en Cataluña.
Con la nueva cesión, se impone una formación obligatoria en catalán a trabajadores de atención al cliente de empresas grandes o de sectores clave como la electricidad, el gas, el agua, las telecomunicaciones, el transporte aéreo, ferroviario y por carretera, los servicios postales, las plataformas audiovisuales, los servicios financieros y las aseguradoras.
La cesión de Sánchez incluye una disposición para evitar la ‘invasión de competencias’ de la Generalidad
Ya no será obligatorio contestar siempre “como mínimo” en el idioma que entienden todos, el castellano, como establecía la redacción inicial, sino que las empresas deberán hacerlo en la lengua en la que el cliente haya iniciado la comunicación. Asimismo, las comunicaciones escritas entre empresas y usuarios (facturas, notificaciones, correos electrónicos) deberán adaptarse también a la lengua que elija el consumidor.
Junts ha celebrado la cesión del Gobierno como una victoria política y cultural, asegurando que con estas medidas se blinda la obligatoriedad del catalán en ámbitos cotidianos de gran alcance. El partido regional también destaca que el pacto incluye una disposición para evitar la «invasión de competencias» de la Generalidad en materia lingüística, lo que refuerza el papel de la región en el control de su aplicación.
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