Además de impedir desahucios, los proetarras y Sánchez acordaron prohibir los cortes de suministros de luz y agua a los okupas e inquiokupas ‘vulnerables’
Bildu ha anunciado un acuerdo con el Gobierno socialista para que apruebe este miércoles en Consejo de Ministros la prohibición de desahucios hasta 2025 a aquellas personas que pertenezcan a colectivos vulnerables hasta el 2025.
El brazo político de la banda terrorista ETA ha celebrado como un triunfo una medida intervencionista del mercado de alquiler que, junto al tope del 3% para las subidas a los alquileres impuesto por la Ley de Vivienda, supuestamente ayuda a solventar la «difícil situación habitacional» de «miles y miles de familias».
Bildu también impone prohibir cortes de suministros a los okupas ‘vulnerables’
Del mismo modo, los proetarras anticiparon que la pasada semana negociaron con el gobierno la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias.
Bildu ha valorado «positivamente» el alcance del acuerdo, así como el mantenimiento de otras medidas intervencionistas para, presuntamente, aportar una protección «muy necesaria en el difícil contexto económico y social». No obstante, La formación de extrema izquierda ha advertido a Sánchez que las medidas «no son aún suficientes».
Intervencionismo estatal para contraer el mercado de alquiler y hacerlo inaccesible a quienes dice proteger
La oposición y el sector inmobiliario coincidieron en criticar que el control estatal de las rentas y el amparo a los inquiokupas limitará hasta el extremo la oferta de vivienda, expulsando precisamente del mercado de alquiler a los más humildes que afirman proteger.
El Congreso aprobó el pasado abril la llamada: “Ley por el Derecho a la Vivienda” pactada entre el Gobierno y sus cómplices de investidura de Bildu y ERC. Con este trámite, el ejecutivo rubricó el ataque frontal a la propiedad privada y el intervencionismo estatal en el mercado del alquiler.
Desde la oposición resaltaron que la ley altera y desequilibra el derecho de propiedad, fomentando la ocupación, ensanchando resquicios legales para ayudar al delincuente y dificultando los procedimientos de desahucio.
El entonces portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de los Monteros, advirtió que esta legislación «protege a los ocupas en lugar de proteger a los legítimos propietarios», interviene el mercado de alquiler «a la medida bolivariana, provocando desprotección al propietario y, por tanto, escasez de vivienda”.
Las promesas de Sánchez con las viviendas de la Sareb para paliar la destrucción consciente y programada del mercado inmobiliario español, no han logrado, sino incrementar la preocupación del sector y de los propietarios en general.
