El Gobierno, Bildu y ERC aprueban la Ley de Vivienda que premia a los okupas

Sánchez ataca el derecho a la propiedad privada con una La ley de Vivienda a medida de delincuentes antisistema y morosos profesionales

El Congreso aprueba este jueves la “Ley por el Derecho a la Vivienda” pactada entre el Gobierno y sus socios parlamentarios de Bildu y ERC. Con este trámite, el ejecutivo rubrica un ataque frontal a la propiedad privada y el intervencionismo estatal en el mercado del alquiler.

La oposición y el sector inmobiliario han coincidido en criticar que el control estatal de las rentas y el amparo a los okupas limitará hasta el extremo la oferta de vivienda. Desde la oposición han resaltado que la ley parece creada para fomentar la ocupación, ensanchando resquicios legales para ayudar al delincuente y dificultando los procedimientos de desahucio.

La ley que ha pactado Sánchez con la extrema izquierda tampoco cuenta con el apoyo de los socios habituales del PSOE dentro del separatismo regional (salvo los citados Bildu y ERC), porque sostienen que la Ley invade las competencias de vivienda transferidas a las Comunidades Autónomas.

Las delirantes promesas de Sánchez con las viviendas de la Sareb para paliar la destrucción consciente y programada del mercado inmobiliario español, no han logrado, sino incrementar la preocupación del sector y de los propietarios en general.

Premio al delincuente, fomento del delito y penalización al propietario

España es un país donde las familias tradicionalmente invertían sus ahorros en ladrillo, bien por tener seguridad económica y un techo asegurado para el futuro, bien para disponer de unos ingresos por alquiler. En ese sentido, el gobierno socialista acaba de consagrar como un derecho que los delincuentes usurpen la propiedad ajena, facilitando el delito de la ocupación y dificultando hasta el extremo la recuperación de los inmuebles.

Entre las aberraciones legales que implica la norma socialista, se añaden más obstáculos a los que ya se interponen en los desahucios. Según el texto recogido por el digital Libre Mercado, la ley indica que:

No se admitirán las demandas, que pretendan la recuperación de la posesión de una finca, en que no se especifique:

• a) Si el inmueble objeto de las mismas constituye vivienda habitual de la persona ocupante.
•  b) Si concurre en la parte demandante la condición de gran tenedora de vivienda. En el caso de indicarse que no se tiene la condición de gran tenedor, a efectos de corroborar tal extremo, se deberá adjuntar a la demanda certificación del Registro de la Propiedad en el que consten la relación de propiedades a nombre de la parte actora.

Por lo pronto, la propia víctima de la ocupación deberá demostrar que no es un “gran tenedor” de vivienda con las correspondientes pérdidas de tiempo y dinero en el registro de la propiedad. Además, le corresponde al casero demostrar que el delincuente que okupa su inmueble la usa de residencia habitual.

Aviso previo a okupas y antisistema

La ley ofrece la posibilidad de que los okupas tengan tiempo de congregar a antisistema u otros delincuentes para generar disturbios ante los desahucios, con el consiguiente riesgo para la seguridad de las fuerzas del orden que se personen para el lanzamiento. Según el texto extractado en Libre Mercado:

En todos los casos de desahucio y en todos los decretos o resoluciones judiciales que tengan como objeto el señalamiento del lanzamiento, independientemente de que éste se haya intentado llevar a cabo con anterioridad, se deberá incluir el día y la hora exacta en los que tendrá lugar el mismo.

Ley basada en conceptos sin marco legal que los respalde

Los mantras de moda: “zonas tensionadas” y “grandes tenedores” son términos recién creados, ambiguos y confusos, cuya definición cambia de forma subjetiva. La definición de lo que es un gran propietario resulta tan difusa que aún no queda claro si deben contabilizarse las viviendas heredadas, sólo las de los inversores, ni cómo computa un condominio, por ejemplo.

Respecto a la cifra de viviendas, en los últimos decretos anti desahucios, el gran tenedor se definía como el poseedor de 10 inmuebles urbanos, pero el número ha ido cambiando sobre la marcha, hasta 5 inmuebles en determinadas “zonas tensionadas” -otro concepto subjetivo-.

La ley faculta a las comunidades autónomas a declarar ciertas zonas como “tensionados” si cumplen ciertas condiciones e intervenir los alquileres, según la modalidad de contrato y propiedad. De nuevo, algunas comunidades amenazan con aplicar la norma mientras que otras, gobernadas por el PP, han anticipado que no lo harán.  

La víctima debe aportar documentación del propio okupa

Si la víctima de los okupas tiene la desgracia de entrar en la categoría de gran tenedor, entonces el infierno legal entra en lo kafkiano. Según el extracto de la Ley mencionado en el digital, el propietario debe aportar el informe de vulnerabilidad de su propio okupa.

Para acreditar la concurrencia o no de vulnerabilidad económica se deberá aportar documento acreditativo, de vigencia no superior a 3 meses, emitido, previo consentimiento de la persona ocupante de la vivienda, por los servicios de las Administraciones autonómicas y locales competentes en materia de vivienda, asistencia social, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social que hayan sido específicamente designados conforme la legislación y normativa autonómica en materia de vivienda.

Sánchez miente a la Unión Europea

En 2021, como paso previo para recibir fondos europeos, Sánchez se comprometió ante la UE a crear una ley de vivienda “pionera” donde “se impedirá que se adopten medidas que puedan obstaculizar la oferta de vivienda a medio plazo”. La promesa figura en el documento remitido a la Comisión.

Al compromiso inicial, el gobierno añadió que ” la ley deberá estimular un aumento de la oferta de vivienda social y asequible” sin mencionar el intervencionismo estatal del mercado de alquiler, ni los posteriores acuerdos con la extrema izquierda para dificultar el desalojo de los okupas.