Ley de Vivienda obliga a informar con antelación a los okupas de la fecha y hora de su desalojo

Asociaciones policiales denuncian que, al eliminar el elemento sorpresa, aumenta la inseguridad de los agentes frente a los okupas violentos

Una de las aberraciones que incluye la Ley de Vivienda es obligatoriedad de comunicar a los okupas con antelación cuándo será el desahucio, dándoles la opción de convocar con tiempo a otros delincuentes o movimientos antisistema para organizar disturbios.

En una nota de prensa divulgada en diferentes medios de comunicación, Víctor M. Vigil, secretario general de la Confederación Española de Policía (CEP) ha destacado que, al ser ahora obligatorio comunicar a los okupas fecha y hora del lanzamiento, se pierde el “elemento sorpresa” poniendo la integridad física de los agentes.

Una ley de Vivienda socialista elaborada al dictado de los proetarras de Bildu

La Ley de Vivienda de Sánchez, con las enmiendas de la formación proetarra Bildu, debía incluir, entre otros ataques a la libertad, obstáculos legales que consagran la impunidad de los delincuentes e impedimentos a la labor policial cuando el juez autorice el desahucio de los okupas.

El secretario general de la CEP advirtió que la comunicación previa permitirá “incidentes planificados previamente para entorpecer o impedir el desalojo pueden derivar en alteraciones del orden público y poner en riesgo a terceras personas”, declaró Víctor Vigil.

“Estamos ante una novedad innecesaria y que supone un obstáculo muy importante para la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad” frente a los okupas y otros grupos violentos que puedan congregarse ante un desalojo, advirtió.

Ley ideológica elaborada sin consultar a las víctimas del delito ni a los cuerpos policiales

La Confederación Española de Policía ha resaltado -al igual que otras asociaciones profesionales y sindicatos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado- que muchas leyes se elaboran sin contar con la opinión de la Policía.

“No pedimos condicionar la agenda política de este país”, puntualizó el secretario general de la CEP, “pero sí que se nos escuche cada vez que se plantee un cambio legal que pueda perjudicar nuestros cometidos. Entre otros motivos, para evitar riesgos jurídicos en nuestro trabajo y poder garantizar la integridad de los policías en intervenciones que, como ocurre con las usurpaciones de viviendas, plantean riesgos operativos evidentes“, explicó.

Unanimidad en las asociaciones profesionales sobre los efectos de la Ley de Vivienda

El sindicato Justicia Policial, JUPOL, se pronunció en idéntico sentido que la CEP. El portavoz de JUPOL, Hugo del Prado, declaró a Europa Press que “La nueva Ley de Vivienda no hace más que ahondar en la inseguridad que ya sufren los policías ante este tipo de situaciones”, aseveró.

Según del Prado, con la nueva ley “No podrán intervenir por sorpresa al tener que comunicar el día y la hora con antelación a la intervención policial para el desalojo de la vivienda ocupada”.

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Pedro Carmona, ha declarado que “Los guardias civiles trabajan para garantizar el respeto a la ley y la protección de los derechos de los ciudadanos y, en este sentido, defendemos la necesidad de dotarlos de los recursos y herramientas necesarios para combatir eficazmente la okupación ilegal“, afirmó.

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han reclamado al Ejecutivo acabar con las “lagunas” legales en estas situaciones mediante “protocolos e instrucciones claras y con garantías jurídicas” para los agentes.