Johan Styven P. O. reconoce que planeó matar a la joven de 17 años por celos y para que no iniciara otra relación
La Audiencia Provincial de Murcia condena a 22 años de prisión a Johan Styven P. O., por asesinar con 79 puñaladas a su exonvia, la menor de 17 años, Claudia Abigail Siguencia, en febrero de 2022 en Totana.
Según se relataba en el escrito de acusación con el que el Johan Styven mostró su conformidad, este ideó y ejecutó un plan para acabar con la vida de su expareja, menor de edad, motivado por celos y con el propósito de impedir que iniciara otra relación.
Después del crimen, antes de su detención, el asesino subió a la azotea de su bloque, desde donde amagó con suicidarse durante 90 minutos e incluso grabó nueve vídeos de despedida, victimizándose y autoexculpándose.
La pena fue impuesta, tras la conformidad del acusado en la vista oral, que reconoció los hechos y aceptó las penas solicitadas por las acusasciones. Ante esta aceptación, el magistrado presidente ordenó la disolución del jurado, y dictó sentencia in voce. Se estima la agravante de género y la atenuante de confesión.
La joven llegó a forcejear con el asesino, pero no pudo escapar
Tras citarla en su domicilio, la condujo a un trastero del edificio, un lugar apartado y sin posibilidad de auxilio, donde le asestó setenta y nueve puñaladas con un arma blanca, actuando con alevosía y ensañamiento.
Incrementando “notablemente el sufrimiento de la menor causándole padecimientos innecesarios para conseguir su objetivo que, viéndose atrapada en un cuarto pequeño, a solas con el acusado que le clavaba el cuchillo repetidamente y sin interrupción, se esforzaba por apartarle para escapar del lugar, llegando, incluso, a forcejear con el cuchillo del acusado en un intento desesperado por huir”.
La víctima no consiguió escapar y falleció por shock hipovolémico.
Prisión, multa y un cursillo sobre violencia de género
La sentencia impone 22 de prisión y una medida de libertad vigilada por un máximo de 10 años tras el cumplimiento de la pena, que incluye la prohibición de aproximarse o comunicarse con los familiares de la víctima y la obligación de participar en programas formativos sobre violencia de género.
En concepto de responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a los padres de la víctima con 120.000 euros a cada uno, y a cada hermano con 21.940,21. Además de los gastos de sepelio y los intereses legales.
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