Carolina Andrea Alarcón denuncia que la empresa privada la echó tras seis meses de contrato aunque nunca le exigió el catalán al contratarla
Carolina Andrea Alarcón, trabajadora social de origen chileno que llegó a Cataluña hace cinco años en busca de oportunidades laborales, ha sido despedida de su puesto como coordinadora técnica de un equipo de atención domiciliaria a personas dependientes. El problema: el catalán.
La empresa privada, subcontratada por el Ayuntamiento de Sant Joan Despí (Barcelona), alegó como motivo principal que no utilizaba el catalán en su relación con los usuarios, a pesar de que durante el proceso de selección y los seis meses de contrato (de julio a diciembre de 2025) nunca se le exigió acreditar conocimiento de la lengua catalana.
Alarcón ha presentado una demanda contra la empresa ante los tribunales, argumentando que el despido vulnera la Constitución Española y varios derechos fundamentales. “Nunca le exigieron el conocimiento de la lengua. Me contrataron sabiendo perfectamente de dónde venía y cuál era mi perfil lingüístico”, declaró a ABC tras registrar la demanda.
El caso se enmarca en el debate recurrente sobre el uso obligatorio del catalán en el ámbito laboral y asistencial en Cataluña. Apenas dos semanas antes, la justicia había anulado la exigencia de dominio del catalán para un conductor del Parlament, en una sentencia que cuestionaba el “rodillo lingüístico” aplicado en algunos sectores públicos y privados.
La trabajadora realizó correctamente su trabajo
Fuentes cercanas al caso señalan que la trabajadora realizaba correctamente sus funciones de coordinación, supervisión y atención, pero que algunos responsables consideraron insuficiente su uso exclusivo del castellano con los usuarios dependientes. La empresa, de titularidad privada, no ha hecho declaraciones públicas hasta el momento.
Alarcón, que abandonó Chile en busca de estabilidad profesional, lamenta que una cuestión idiomática haya truncado su integración laboral en Cataluña. Su demanda busca no solo la readmisión o indemnización, sino también un pronunciamiento judicial que aclare hasta qué punto puede exigirse el catalán en puestos asistenciales sin que conste como requisito previo en el contrato.
El caso ha reabierto la polémica sobre la conciliación entre la protección de la lengua propia y los derechos laborales de trabajadores procedentes de otras comunidades o países. Mientras algunos sectores defienden la inmersión lingüística como elemento de cohesión social, otros lo consideran una barrera injustificada para la empleabilidad. La justicia tendrá ahora la última palabra.
