Deberá declarar el 2 de junio en la Audiencia Nacional, en el marco de una trama de tráfico de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra y otros cobros
El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha imputado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos que incluyen tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental.
Según el auto judicial, Zapatero habría cobrado casi dos millones de euros en comisiones ilícitas a través de su entorno, con indicios de que pidió crear sociedades off-shore en Dubái para canalizar fondos.
La información, publicada por The Objective, detalla que el juez sostiene que Zapatero y personas de su círculo más cercano pudieron beneficiarse de pagos procedentes de varias empresas, entre ellas la aerolínea Plus Ultra, que recibió un rescate público de 53 millones de euros durante la pandemia.
El epicentro de la supuesta trama sería la consultora Análisis Relevante, dirigida por Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores como testaferro del exdirigente socialista.
Los pagos bajo sospecha
De acuerdo con el auto, a través de Análisis Relevante, Zapatero habría recibido directamente 490.780 euros. Además, la misma consultora remitió 239.755 euros a Whathefav, la agencia de las hijas del expresidente. El magistrado destaca que “la mayor parte de los fondos que cobró Análisis Relevante de Plus Ultra terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero”.
Otras empresas implicadas en los pagos incluyen Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registraron este martes las sedes de las dos primeras.
Asimismo, se mencionan transferencias desde Gate Center (352.980 euros a Zapatero y 171.727 a Whathefav) y sociedades vinculadas a Thinking Heads (681.318 euros al expresidente). En total, las cantidades canalizadas hacia Zapatero y su entorno rondarían los dos millones de euros.
El juez Calama considera que estos movimientos no fueron casuales, sino parte de una estructura organizada de ejercicio ilícito de influencias liderada presuntamente por Zapatero. Esta red habría seleccionado clientes, impartido instrucciones para crear sociedades en paraísos fiscales y adoptado estrategias para desvincularse formalmente de los pagos.
El papel en el rescate de Plus Ultra
Uno de los puntos centrales de la investigación es el rescate de Plus Ultra. El magistrado sostiene que Zapatero tuvo un papel fundamental en la concesión de la ayuda pública. La consultora de Martínez Martínez firmó un contrato con la aerolínea para cobrar el 1% del rescate (unos 530.000 euros). Poco después, se iniciaron gestiones para crear la sociedad off-shore Landside Dubai Fzco (o Landside Middle East Fzco), participada al 100% por Idella Consulenza Strategica, administrada por el mismo Martínez Martínez.
El juez apunta que la proximidad temporal entre el contrato, la creación de la sociedad en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y la ausencia de pagos directos en España sugiere que esta estructura se diseñó para evitar la trazabilidad de los fondos en territorio español.
Además, se investiga una segunda línea de influencia ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela, para obtener autorizaciones de vuelos para Plus Ultra, aprovechando supuestamente las relaciones de Martínez Martínez con autoridades chavistas.
El magistrado unifica ambas actuaciones como un único delito de tráfico de influencias por su unidad de propósito y finalidad económica, en el marco de una red internacional. Los hechos podrían encajar en los artículos 428 a 430 del Código Penal, que sancionan el uso de influencia personal o jerárquica para obtener beneficios.
La defensa de Zapatero
El expresidente ha defendido públicamente su inocencia. En un comunicado y a través de un vídeo, Zapatero ha afirmado: “Jamás he realizado ninguna gestión por Plus Ultra” y que toda su actividad, pública y privada, se ha desarrollado “con absoluto respeto a la legalidad”. Niega haber tenido sociedades mercantiles, directamente o a través de terceros, y justifica los cobros de Análisis Relevante como pagos por trabajos de consultoría (informes escritos y orales) por valor de unos 70.000 euros anuales.
Zapatero compareció recientemente en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde reconoció su relación con la consultora pero rechazó cualquier irregularidad.
Contexto y repercusiones
Esta imputación representa un duro golpe para la imagen del expresidente, que durante años ha mantenido un perfil activo en la mediación internacional, especialmente con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La investigación se enmarca en un contexto más amplio de pesquisas sobre posibles vínculos económicos con empresas y entidades relacionadas con PDVSA y otros actores venezolanos, aunque el foco actual del auto se centra en las comisiones y el rescate de Plus Ultra.
La decisión del juez Calama, que asumió la causa tras inhibiciones previas, subraya la gravedad de los indicios. La citación a declarar como imputado el 2 de junio en la Audiencia Nacional obligará a Zapatero a dar explicaciones detalladas sobre su relación con las empresas, los flujos de dinero y las supuestas sociedades off-shore.
Expertos consultados señalan que, más allá del aspecto penal, el caso plantea preguntas éticas sobre los límites entre la actividad privada de ex altos cargos y el posible uso de influencias adquiridas durante su mandato. Organizaciones de transparencia han reclamado mayor control sobre las “puertas giratorias” en la política española.
Importancia de la independencia judicial
Mientras la defensa prepara su estrategia, la UDEF continúa las pesquisas, que incluyen registros y análisis de documentación. La opinión pública sigue con atención un caso que mezcla poder político, grandes sumas de dinero público y conexiones internacionales, en un momento de alta polarización en España.
Este desarrollo judicial, independientemente de su resolución final, pone de manifiesto la importancia de la independencia judicial, esa que busca soslayar el Gobierno del Sanchismo.
