La investigación judicial sobre la presunta trama vinculada al PSOE acaba de dar un salto explosivo. El juez Santiago Pedraz sostiene en un duro auto que Leire Díez habría cobrado 4.000 euros mensuales con fondos del partido y que después se creó un sistema de facturas falsas para ocultar pagos y supuestos sobornos.
El caso golpea directamente a la cúpula socialista y vuelve a poner el foco sobre Santos Cerdán, Ana María Fuentes y varios colaboradores que aparecen mencionados en la resolución judicial.
El juez cree que la estructura del PSOE se utilizó para mover dinero
Durante meses, tanto Santos Cerdán como Leire Díez negaron cualquier relación laboral o dependencia orgánica. Él aseguraba que ella era simplemente “una militante” sin vínculo con Ferraz. Ella también rechazaba haber recibido instrucciones desde la dirección del partido.
Pero el magistrado mantiene ahora una tesis completamente distinta. Según el auto, Cerdán habría puesto “la propia estructura del partido” al servicio de una organización criminal que utilizó recursos del PSOE para financiar operaciones irregulares.
La resolución apunta a que Leire Díez recibía pagos mensuales de 4.000 euros procedentes de fondos del partido y que posteriormente se diseñó un sistema basado en “facturación falaz” y “mendaces facturas” para justificar movimientos de dinero.
El objetivo, según sospecha el juez, era ocultar pagos destinados a influir sobre funcionarios y alimentar campañas mediáticas favorables.
Las facturas falsas que investiga la Audiencia Nacional
Uno de los puntos más delicados del auto afecta directamente a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes. El magistrado sostiene que autorizó pagos con dinero del partido para servicios que supuestamente nunca existieron.
Entre los nombres citados aparecen los abogados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver, además del exdirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías.
La investigación recoge incluso mensajes donde se preguntaba qué concepto debía aparecer en las facturas antes de realizar transferencias bancarias.
Según la documentación judicial:
- Jacobo Teijelo habría recibido al menos 125.000 euros
- Ismael Oliver superó los 27.200 euros en ingresos
- También se investigan pagos a medios de comunicación
- Algunas transferencias alcanzaron los 20.000 euros
El juez considera que esos movimientos podrían formar parte de una estructura diseñada para influir políticamente y controlar determinadas informaciones.
Feijóo habla de corrupción estructural
La resolución judicial ha provocado un terremoto político inmediato. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificó el caso como “corrupción estructural” y aseguró que “lo que está podrido es el núcleo del poder”.
Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez mantiene públicamente su respaldo a Ana María Fuentes y defiende que la gerente socialista “ha llevado las cuentas del PSOE de manera escrupulosa”.
La presión política crece mientras la Audiencia Nacional continúa revisando documentación, mensajes y transferencias bancarias.
El papel de los medios en la supuesta trama
Otro de los elementos más impactantes del auto judicial es la supuesta utilización de medios de comunicación para difundir contenidos favorables a la estructura investigada.
El juez habla de pagos de hasta 20.000 euros destinados a publicar determinadas informaciones que beneficiaban a la trama.
Ese punto podría abrir una nueva derivada política y mediática si finalmente se demuestra que existió financiación encubierta para manipular contenidos o generar campañas coordinadas.
En paralelo, la oposición ya exige explicaciones inmediatas y reclama nuevas comparecencias parlamentarias.
El PSOE niega cualquier irregularidad
Desde Ferraz rechazan de forma tajante las acusaciones y aseguran que no existieron pagos irregulares ni facturas falsas para beneficiar a Leire Díez.
La dirección socialista insiste en que todas las cuentas del partido están auditadas y que las acusaciones del auto deberán demostrarse con pruebas sólidas durante la instrucción.
Sin embargo, el contenido de la resolución judicial ha elevado la tensión política al máximo y amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos internos del PSOE en los últimos años.
La investigación sigue abierta y todavía podrían aparecer nuevos nombres, transferencias y documentos comprometidos.
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