Los populares acusan a Tezanos de alterar sondeos con fines electorales y denuncian un uso partidista de recursos públicos
El Partido Popular ha presentado una querella penal contra José Félix Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), al considerar que pudo existir una “manipulación grave y consciente” de las encuestas electorales difundidas por el organismo público durante distintos procesos electorales.
La ofensiva judicial del principal partido de la oposición se produce en un clima político especialmente tenso y con el Gobierno de Pedro Sánchez bajo una creciente presión parlamentaria y mediática.
Según la información adelantada por el diario EL ESPAÑOL, la querella se apoya en el artículo 145 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que contempla sanciones por la alteración deliberada de sondeos electorales.
El PP sostiene que los estudios demoscópicos elaborados por el CIS bajo la dirección de Tezanos han mostrado, desde 2018, una desviación sistemática favorable a los partidos de izquierda y, en particular, al PSOE.
Tezanos y la Fundación Sistema
La formación liderada por Alberto Núñez Feijóo considera que el modelo estadístico utilizado por el CIS carece de suficiente respaldo científico y que las diferencias reiteradas entre las encuestas oficiales y los resultados reales apuntan a una intencionalidad política. Desde Génova sostienen además que Tezanos mantiene vínculos con la Fundación Sistema, una entidad próxima al PSOE que ha recibido subvenciones públicas en los últimos años.
La iniciativa judicial del PP no es nueva. Ya en marzo, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, había anunciado la intención de emprender acciones legales por un posible delito electoral relacionado con los sondeos del CIS. En aquel momento, los populares denunciaron que se estaban utilizando recursos públicos para “influir en la voluntad de los electores”.
Por el momento, ni el CIS ni el Gobierno han respondido oficialmente a la querella. Sin embargo, el caso amenaza con intensificar aún más la confrontación política entre Ejecutivo y oposición en un momento marcado por investigaciones judiciales, peticiones de adelanto electoral y una creciente polarización en el debate público español.
