Ferraz atribuye el récord de ingresos en 2020 a una campaña solidaria contra el Covid mientras la investigación judicial sigue abierta
El PSOE registró en 2020 el mayor volumen de donaciones privadas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Y justo el mismo año que el empresario Víctor de Aldama sitúa como el momento álgido de la presunta trama de financiación irregular que investiga la Audiencia Nacional.
Según los datos oficiales remitidos al Tribunal de Cuentas, las donaciones al partido se dispararon hasta los 837.506 euros, triplicando prácticamente las cifras de 2019 (275.616 euros) y multiplicando por más de cinco las de 2018. Este incremento coincide con la declaración de Aldama ante el Tribunal Supremo, donde aseguró haber canalizado cerca de 1,8 millones de euros a través de intermediarios vinculados al entorno socialista.
El empresario describió un sistema de reparto de fondos mediante múltiples donantes —una técnica conocida como “pitufeo”— para sortear los límites legales de financiación, que fijan un máximo de 50.000 euros por aportante identificado. Según su versión, el exasesor Koldo García coordinaba la distribución del dinero entre diferentes personas.
Campaña Covid
Desde Ferraz rechazan tajantemente estas acusaciones y ofrecen una explicación alternativa al aumento de ingresos. Fuentes oficiales del PSOE sostienen que el repunte de donaciones en 2020 respondió a una campaña extraordinaria para financiar proyectos de investigación contra el Covid-19.
Según el partido del Sanchismo, estas aportaciones fueron posteriormente donadas al Instituto Carlos III, alcanzando una cifra cercana al millón de euros.
Supuesto blanqueo de comisiones
El PSOE insiste en que todas las donaciones cumplieron la legalidad vigente, fueron nominales y no superaron los límites establecidos. Además, recalca que están auditadas por el Tribunal de Cuentas, organismo que, sin embargo, admite sus limitaciones para detectar posibles irregularidades si el dinero procede de terceros que utilizan intermediarios.
La investigación judicial deberá determinar ahora si el incremento de donaciones responde exclusivamente a una iniciativa solidaria en plena pandemia o si, como sostiene Aldama, encubre un sistema de blanqueo de comisiones vinculadas a adjudicaciones públicas. El caso sigue abierto y bajo el foco político.
