Fracasa la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana por el voto en contra de los socios de Sánchez

A nueve meses del final de la legislatura, resulta imposible desencallar la tramitación de una reforma que Bildu, ERC y JxCat tachan de “maquillaje”

La reforma legislativa propuesta por Sánchez a sus socios, en cumplimiento de su promesa de investidura, no ha pasado el trámite en la ponencia de la comisión de Interior del Congreso del pasado 14 de marzo. Modificar 40 de 56 artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana vigente, sembrar de obstáculos al trabajo policial e incluso despenalizar el señalamiento de los agentes y sus familias ha resultado insuficiente para las exigencias de Bildu, ERC y JxCat.

El recuento de votos de la ponencia ha evidenciado la división dentro de la mayoría parlamentaria que apuntala a Sánchez en Moncloa: por un lado, votaron a favor PSOE, Podemos y PNV (18 diputados) y en contra PP, Vox, Cs, UPN, ERC, Bildu, y JxCat (19 diputados). La paradójica estampa de separatistas y proetarras votando en el mismo sentido que la oposición constitucionalista obedeció a que Sánchez no pudo alcanzar un acuerdo en una reforma legal creada ex profeso para garantizar el apoyo parlamentario de la extrema izquierda y el separatismo.

A pesar de la sintonía del PSOE y sus socios en la mayoría del articulado, los aliados más extremistas de Sánchez exigieron un giro aún más radical en los cuatro puntos que regulan la prohibición del uso de material antidisturbios, la desobediencia y resistencia a la autoridad, las devoluciones en caliente de ilegales que asaltan las fronteras y las faltas de respeto a los agentes.

El diputado de Bildu, Jon Iñarritu, argumentó en ETB que el voto negativo de los proetarras se produjo, porque el gobierno mantuvo “el corpus represivo” de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada 2015. En idéntico sentido se pronunció uno de los socios preferentes del gobierno, Gabriel Rufián. El diputado de ERC aprovechó la rueda de prensa posterior a la votación para clamar contra una supuesta “ley mordaza” de Rajoy, aún en vigor.

Por su parte, la oposición y los sindicatos policiales han advertido de la inseguridad que sufrirá la población si llega a prosperar una reforma consensuada con los actuales socios del PSOE en el Congreso y elaborada a espaldas de los profesionales del orden público.

Los puntos de la reforma en que coinciden los proetarras y el gobierno

Culminar la tramitación de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana queda pendiente de una hipotética reelección del PSOE, así como de las necesidades parlamentarias del candidato socialista para volver a Moncloa. En este sentido, Enrique Santiago, líder del PCE y secretario de Estado para la Agenda 2030, manifestó la necesidad de llegar a acuerdos a pesar de la suspensión de la reforma del pasado 14 de marzo. Unas negociaciones “hasta el último momento: y no es hoy”, apostilló el diputado comunista.

Salvo en los cuatro puntos que provocaron la ruptura de negociaciones de la coalición de gobierno, el resto del articulado propuesto por el PSOE satisfizo las exigencias de Bildu y ERC. Entre los cambios sobre los que ya existe consenso, figuran los siguientes:

Toma de imágenes de los agentes

El cambio que más indigna y alarma a Policías y Guardias Civiles de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana: en caso de aprobarse la reforma, no constituirá infracción grabar o fotografiar a los agentes en lugares de tránsito público y manifestaciones, ni tampoco difundir las imágenes. Para que incurra en un delito el autor de un señalamiento a un agente, su familia o sus compañeros, deberá consumarse el daño que propició la situación de peligro generada tras la difusión de las imágenes.

Manifestaciones sin comunicación previa

Estará permitido organizar manifestaciones de carácter espontáneo sin comunicación previa a las autoridades, que además tendrán que garantizar el derecho de reunión de los concentrados. Para oposición y profesionales del orden púbico, esta medida constituye una barra libre para organizar movilizaciones de carácter tan espontáneo, como escraches a personas y entidades, o contramanifestaciones para amedrentar a los participantes en aquellos eventos que molesten a los violentos.

Los sindicatos policiales recuerdan en que la comunicación previa no obedece a que el derecho de reunión necesite autorización policial, sino a que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan establecer el correspondiente dispositivo para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana. Al no comunicarse las movilizaciones, las fuerzas del orden quedan a ciegas, sin tiempo de establecer dispositivos para proteger a las personas u objetivos de las algaradas y los propios agentes en situación de peligro respecto a su propia seguridad.

Policías ejerciendo de taxistas

Según la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Las personas identificadas en comisaría tendrán derecho a que se les devuelva al mismo lugar donde se les detuvo, siempre que no represente una merma en la operatividad del servicio.

El portavoz de JUPOL, Pablo Pérez alertó sobre las situaciones de inseguridad que pueden sufrir los ciudadanos: “Si recibimos una llamada diciendo que hay alguien hablando con menores en un parque, nosotros luego le tenemos que devolver a ese parque”, explicó en Onda Cero.

Dos horas máximo para identificaciones

Las personas que se niegan a identificarse no podrán ser retenidas más de dos horas. Sólo por una “causa excepcional debidamente alegada y verificable”, cita el borrador, el plazo se prorroga hasta las seis horas aún en vigor. Los sindicatos advierten que en zonas con pocos efectivos policiales resulta imposible ajustarse a los márgenes, salvo que se pida colaboración a otros cuerpos.

La endémica falta de medios y efectivos policiales en ciertas zonas se verá agravada por el tiempo que también deberán dedicar los agentes a ejercer de transportistas de los delincuentes.

Obstáculos al registro corporal

Sólo podrán realizarse registros superficiales de sospechosos, salvo en situaciones de riesgo inminente para los agentes o los ciudadanos. Los registros corporales que dejen a la vista partes del cuerpo normalmente cubiertas por ropa sólo podrán practicarse en dependencias policiales.

Para PSOE y Podemos, la seguridad de los agentes y los ciudadanos, o la intervención de sustancias o armas que podría esconder un sospechoso es menos importante que realizar un cacheo: “con el máximo respeto a la identidad sexual, procurando hacerlo siempre en lugar reservado y fuera de la vista de terceros”, explicó el gobierno en la propuesta de reforma.

Ataque a la presunción de veracidad de los agentes

Con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el atestado policial perderá la presunción de veracidad administrativa de los agentes de la autoridad. La reforma cuestiona la veracidad de la palabra de un policía, equiparándola con la de un delincuente. Actualmente, la presunción de veracidad está regulada en la Ley del Procedimiento Administrativo Común y jamás generó problemas hasta la llegada de Sánchez al poder.

Controles en carreteras e infraestructuras viarias.

La reforma instaura el precepto de coordinación entre fuerzas policiales a través de órganos competentes. La normativa puede suponer la obligación de avisar previamente a las Policías Autonómicas de cualquier operación realizada por la Policía y la Guardia Civil, con el perjuicio del secreto y el sigilo que exigen determinadas actuaciones.

Un precedente de lo que puede ocurrir se vio en Cataluña durante el 1-O, cuando los Mossos detallaban los movimientos de Policía y Guardia Civil a sus mandos policiales y a los políticos golpistas.

Multas a medida de los ingresos del infractor

La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana contempla que la cuantía de una multa se ajuste a la capacidad económica del infractor mediante un sistema de ponderación que implica reducciones de hasta el 50%, además de los descuentos por pago voluntario. Los sindicatos policiales también coinciden en que la reducción de las sanciones económicas fomentará la sensación de impunidad a la hora de cometer delitos.