La presión judicial sobre el PSOE sigue aumentando. La Guardia Civil ha entrado este miércoles en la sede de la consultora Zaño, vinculada al histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, dentro de la investigación del llamado caso SEPI, una trama que también salpica directamente a la dirección socialista y a varios altos cargos del partido.
El operativo se desarrolla en paralelo al registro de la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, donde agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) buscan documentación relacionada con una presunta trama de financiación ilegal de la formación dirigida por Pedro Sánchez.
La UCO busca pruebas de una supuesta caja B
La operación ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y se encuentra bajo secreto de sumario. Los investigadores buscan contratos, archivos informáticos, movimientos económicos y documentación vinculada a una supuesta contabilidad paralela dentro del PSOE.
Fuentes de la investigación sostienen que la UCO tiene instrucciones concretas de localizar material relacionado con el caso SEPI y con posibles operaciones de financiación irregular del partido.
Los agentes también han accedido a inmuebles vinculados a dirigentes socialistas en distintos puntos de España, entre ellos propiedades relacionadas con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Gaspar Zarrías vuelve al foco judicial
La entrada de la Guardia Civil en la consultora Zaño vuelve a colocar en el centro de la polémica a Gaspar Zarrías, uno de los históricos dirigentes del socialismo andaluz y hombre fuerte del PSOE durante los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán en Andalucía.
La investigación conecta además con la figura de Leire Díez, conocida como la “fontanera del PSOE”, detenida el pasado mes de diciembre junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Joseba Antxon Alonso, considerado socio próximo a Santos Cerdán.
La Audiencia Nacional investiga presuntos delitos de organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias dentro de una trama que, según los investigadores, habría utilizado estructuras empresariales y organismos públicos para mover fondos y favorecer adjudicaciones.
Aldama aseguró haber entregado 1,8 millones al PSOE
Uno de los elementos que más inquieta dentro del PSOE son las declaraciones realizadas recientemente por el empresario Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo.
Durante su comparecencia en el caso mascarillas, Aldama aseguró haber entregado 1,8 millones de euros para financiar al PSOE entre 2019 y 2020. Según su versión, parte del dinero procedía de constructoras interesadas en obtener contratos públicos.
El empresario afirmó además haber pagado entre 3,5 y 4 millones de euros al exministro José Luis Ábalos y a Koldo García, aunque aseguró desconocer qué cantidad concreta terminó en las cuentas del partido.
Aldama incluso llegó a afirmar que bastaría con revisar las cuentas del PSOE para comprobar si durante esos años existió un aumento anormal de donaciones.
Sorpresa y nerviosismo en el Gobierno
El registro de Ferraz y de otros inmuebles vinculados al PSOE ha provocado desconcierto dentro del Gobierno y de la dirección socialista.
Varios ministros reconocieron este miércoles haberse enterado por la prensa del operativo policial. “No sabemos nada”, aseguraban distintos miembros del Ejecutivo a su llegada al Congreso de los Diputados.
El impacto político del operativo es enorme porque llega apenas unos días después de que el juez José Luis Calama imputara al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dentro de la investigación sobre Plus Ultra por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
La imagen de la Guardia Civil entrando simultáneamente en Ferraz y en inmuebles vinculados a dirigentes históricos del PSOE agrava todavía más la crisis política y judicial que rodea al partido en las últimas semanas.
El PSOE, cercado por varias investigaciones simultáneas
La operación de este miércoles confirma que la presión judicial sobre el entorno socialista ya no se limita a casos aislados. Las investigaciones abiertas afectan ahora a contratos públicos, presuntas mordidas, financiación irregular, empresas vinculadas a dirigentes socialistas y posibles estructuras paralelas de captación de fondos.
La Audiencia Nacional y la UCO manejan desde hace meses conversaciones, movimientos bancarios y documentación incautada en distintos registros que, según las fuentes consultadas, apuntarían a una operativa sostenida durante años.
Mientras el PSOE intenta contener el impacto político de las investigaciones, la entrada de la Guardia Civil en Ferraz y en la consultora de Gaspar Zarrías supone un nuevo golpe demoledor para la imagen del partido y para el Gobierno de Pedro Sánchez.
