Maniobras de presión, difusión de informaciones contra investigadores y ofrecimientos económicos a implicados en causas sensibles
La Audiencia Nacional investiga una presunta red ligada al PSOE por pagos, sobornos y campañas contra la UCO. La investigación judicial abierta sobre una presunta trama vinculada a antiguos cargos y colaboradores próximos al PSOE apunta a la existencia de una estructura que habría manejado más de medio millón de euros destinados a financiar operaciones de presión, campañas mediáticas y supuestos sobornos relacionados con causas judiciales que afectan al entorno del Gobierno y del partido.
Según el auto del magistrado Santiago Pedraz, la organización habría dispuesto de al menos 538.225 euros para sufragar pagos a intermediarios, abogados, periodistas y terceros, además de realizar ofrecimientos económicos a personas vinculadas con procedimientos judiciales abiertos. El instructor sostiene que “la estructura del partido soportó el coste de la actividad investigada” y considera acreditado que la exmilitante socialista Leire Díez tuvo acceso a fondos con una presunta “finalidad delictiva”.
La resolución judicial describe una red integrada, de momento, por diez personas entre abogados, empresarios, periodistas, cargos políticos y responsables de comunicación vinculados al ámbito socialista. El objetivo de la organización, según el juez, habría sido desacreditar investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y tratar de influir en procedimientos judiciales relacionados con distintos casos de corrupción.
Pagos y sociedades interpuestas
El auto recoge que Leire Díez habría percibido cerca de 40.000 euros mediante distintas fórmulas. Parte de esos fondos procedieron de la consultora Zaño Sociedad Consultora, vinculada al exconsejero andaluz Gaspar Zarrías. El juez relaciona esos pagos con el PSOE a partir de mensajes intervenidos entre Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, en los que se menciona al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán como “cliente en última instancia”.
La investigación también apunta a un segundo mecanismo de financiación a través de despachos y sociedades administradas por el abogado Ismael Oliver. Según el magistrado, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, habría autorizado pagos por más de 27.000 euros mediante una nota de encargo supuestamente falseada. Posteriormente, esa misma cantidad habría sido transferida a Díez desde otra empresa “con el objetivo de romper la trazabilidad de los fondos”.
El juez también sitúa en la trama al abogado Jacobo Teijelo, quien habría percibido hasta 125.000 euros por trabajos relacionados con la estrategia jurídica de la organización.
Campañas mediáticas y “UCO patriótica”
La resolución judicial dedica un apartado específico a las actuaciones destinadas a generar campañas de descrédito contra la UCO y determinados fiscales anticorrupción. Entre ellas, el instructor señala pagos cercanos a 20.000 euros realizados a la periodista Patricia López a través del medio Crónica Libre, fundado por ella en 2022.
Según el auto, la periodista habría colaborado junto a Leire Díez y el empresario Javier Pérez Dolset en la difusión de materiales y denuncias relacionadas con actuaciones policiales y judiciales. El magistrado considera que algunas de estas acciones contribuyeron a extender el término “UCO patriótica”, empleado para cuestionar la imparcialidad de los investigadores.
La investigación vincula además la financiación de campañas publicitarias y publicaciones en medios digitales con una estrategia coordinada desde el entorno socialista para amplificar determinadas informaciones y erosionar la imagen de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción.
Ofrecimientos económicos a fiscales e implicados
El auto judicial también recoge supuestos ofrecimientos económicos dirigidos a personas vinculadas a distintas investigaciones. Entre ellos figura una presunta propuesta de hasta 300.000 euros al fiscal Anticorrupción José Grinda a cambio de información o de decisiones favorables en causas bajo su responsabilidad.
Asimismo, la investigación señala un ofrecimiento de 50.000 euros a Carmen Pano, testigo relacionada con el caso Koldo, para tratar de influir en su declaración judicial. Según el juez, la propuesta se habría canalizado a través de la abogada Leticia de la Hoz.
La resolución añade que también se realizaron ofrecimientos al comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, mediante promesas de protección judicial y eventual rehabilitación profesional.
Mientras la investigación continúa abierta, el PSOE niega cualquier relación orgánica con las actuaciones descritas en el auto y rechaza la existencia de una trama financiada desde el partido. Sin embargo, el magistrado sostiene que los indicios recopilados hasta el momento apuntan a una estructura estable de colaboración orientada a interferir en procedimientos judiciales y a desacreditar a los investigadores encargados de las causas.
