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La Intervención General revela el descontrol en las contrataciones de los 22 ministerios de Sánchez

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El informe anual de la IGAE sobre el control de la contratación pública señala que ningún departamento funciona adecuadamente

El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre el control en materia de contratación pública ha revelado una preocupante falta de control en las adjudicaciones dentro de los ministerios, lo que resulta en un mal uso de los recursos públicos y dificulta el cumplimiento de los objetivos establecidos.

Los datos recogidos en el informe anual de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) han corroborado que la mayoría de ministerios contratan de forma desorganizada, sin planificar su estrategia ni considerar su programación presupuestaria.

Caos e ineficiencia generalizada con cifras récord de contrataciones

El informe, disponible en este enlace, muestra una tendencia preocupante en el monto total adjudicado en contratos públicos, que pasó de 41.527 millones de euros en 2020 a 77.850 millones en 2023, lo que representa un incremento de más de 36.000 millones de euros en ese lapso de tiempo.

La Intervención General del Estado destaca la necesidad urgente de implementar medidas correctivas para mejorar la gestión de la contratación, lo que podría implicar una revisión de los procesos existentes y una mayor supervisión y control por parte de las autoridades competentes.

Ningún departamento funciona adecuadamente

La auditoría también revela que ningún departamento funciona adecuadamente: 9 de 22 ministerios necesitan mejoras, 12 deben incorporar mejoras de calado y 2 gestionan mal la contratación en términos generales.

La ORIeScon señala que solo el 9,52% de los departamentos realiza una planificación adecuada de la actividad contractual, mientras que el 33,33% carece por completo de esta programación. Además, el 92,31% de los organismos no cuentan con instrucciones adecuadas para realizar esa planificación, lo que compromete ajustarse a la ley y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

Sólo el 23,82% presenta deficiencias poco significativas y el 28,57% muestra coherencia entre la programación de la contratación y el documento de descripción del programa presupuestario.

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