El magistrado Calama dicta un auto de 85 páginas donde desvela la actuación de la red de corrupción integrada por el ex presidente del Gobierno
La Audiencia Nacional ha imputado al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra.
Según un auto de 85 páginas del magistrado José Luis Calama, Zapatero se sitúa en el vértice de una “estructura estable y jerarquizada” dedicada a obtener beneficios económicos mediante el ejercicio de influencias ante instancias públicas, principalmente en favor de la aerolínea.
El rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, a través de la SEPI, ascendió a 53 millones de euros. Las investigaciones judiciales apuntan a que las comisiones presuntamente cobradas por la red liderada por Zapatero superarían los 1,9 millones de euros: aproximadamente 1,5 millones para el expresidente y 423.000 euros para sus hijas a través de sociedades vinculadas.
Las conversaciones interceptadas
El auto desvela mensajes intervenidos por la Policía Judicial entre los directivos de la compañía. El 30 de marzo de 2020, el ex propietario venezolano Rodolfo Reyes planteaba: “Tema lobby político Plus Ultra”. Su interlocutor respondía que buscaría “cómo llegarle a ZP”. Ante esta situación, el actual presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, escribió la frase que da título a la información: “Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín”.
En otra conversación, el CEO Roberto Roselli explicaba que el empresario Julio Martínez Martínez —considerado “el lacayo” de Zapatero y su principal pagador— había mencionado la “estructura mercantil” montada para cobrar las “mordidas” y la “finance boutique” creada al efecto.
Estructura de la red
Según el juez Calama, Zapatero ejercía el liderazgo estratégico desde su oficina de Ferraz, donde se coordinaban contactos de alto nivel, se elaboraban documentos y se gestionaba la operativa financiera. La red utilizaba sociedades instrumentales, contratos de consultoría simulados y canales opacos para ocultar el origen y destino de los fondos.
Entre los investigados figuran Julio Martínez, Roberto Roselli, Julio Martínez Martínez, y personas de su entorno como María Gertrudis Alcázar Jiménez (secretaria de Zapatero) y Cristóbal Cano Quiles. También se menciona la creación de una sociedad en Dubái con un plan de negocio que preveía 3 millones de dólares en cinco años, presuntamente para canalizar fondos en el extranjero.
El magistrado destaca que la influencia de Zapatero fue predominante frente a otras vías (como la del entonces ministro José Luis Ábalos) y que se dirigió a conseguir una resolución administrativa concreta: la aprobación del rescate público. Los pagos se canalizaron a través de consultoras como Análisis Relevante, con transferencias posteriores a cuentas de Zapatero y de la sociedad Whathefav SL, administrada por sus hijas.
Reacciones y próximas citaciones
Zapatero ha manifestado que se defenderá “con toda la firmeza y convicción”. Por su parte, el PSOE ha enmarcado la imputación en una supuesta “campaña” contra el Gobierno de Sánchez.
El ex presidente ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio. La Policía ha registrado su despacho y la empresa de sus hijas en el marco de la operación.
Este caso pone de manifiesto, según el instructor, cómo una red organizada habría puesto los contactos personales y el acceso a altos cargos de la Administración al servicio de intereses privados a cambio de contraprestaciones económicas. La investigación continúa abierta y se espera que avance con nuevas diligencias en las próximas semanas.
