La campaña andaluza ha dado un giro inesperado a solo 48 horas de las elecciones. María Jesús Montero ha pasado de comparar la muerte de dos guardias civiles con un “accidente laboral” a defender ahora que Policía Nacional y Guardia Civil deben contar con el reconocimiento propio de una profesión de riesgo.
El cambio de discurso llega tras días de fuerte presión social, críticas de asociaciones policiales y el enorme desgaste provocado por sus palabras durante el debate electoral. (abc.es)
Montero cambia el tono tras la tormenta política
La candidata socialista aseguró este jueves en Canal Sur Radio que está “de acuerdo” en que los agentes tengan “todo el reconocimiento” necesario para desarrollar su trabajo con seguridad.
Sus declaraciones contrastan con las pronunciadas hace apenas tres días, cuando calificó como “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha durante una persecución.
Aquellas palabras provocaron indignación inmediata entre sindicatos policiales, asociaciones de guardias civiles y parte de la opinión pública. El asunto escaló hasta convertirse en uno de los grandes incendios de la recta final electoral.
La presión de policías y guardias civiles cambia el relato
La reclamación para que Policía Nacional y Guardia Civil sean consideradas profesiones de riesgo lleva años enfrentando a los sindicatos con el Gobierno central.
De hecho, la Confederación Española de Policía terminó llevando la batalla a Bruselas después de que el Ejecutivo rechazara reiteradamente reconocer esa condición especial para los agentes.
La polémica ha vuelto a poner el foco sobre la situación de las fuerzas de seguridad en Andalucía, especialmente tras el aumento de la presión del narcotráfico en el sur.
La Bandera ya contó cómo un marroquí escondido en su país controla la flota de las narcolanchas de Huelva, una estructura criminal que preocupa cada vez más a las autoridades.
El fantasma de Barbate vuelve a perseguir al PSOE
La sombra del caso Barbate sigue muy presente. La muerte de los guardias civiles asesinados por una narcolancha marcó un antes y un después en el debate sobre seguridad y medios policiales.
Ahora, tras nuevas muertes de agentes en operaciones contra el narcotráfico, la presión sobre el Gobierno se ha disparado.
Montero intentó defender la actuación del Ejecutivo asegurando que desde 2018 se reforzó la lucha contra el narco con planes especiales, más personal y coordinación operativa.
Sin embargo, la oposición recuerda que muchas de esas medidas nacieron realmente del plan Carteia impulsado en tiempos del ministro Zoido y la Junta andaluza.
El narcotráfico se cuela de lleno en las elecciones andaluzas
Lo que empezó como un debate sobre seguridad se ha convertido en un arma electoral de enorme impacto.
La candidata socialista también aprovechó para cargar contra la Junta de Andalucía, acusando al Gobierno de Juanma Moreno de abandonar políticas de atención a drogodependientes y de permitir construcciones ilegales ligadas al narcotráfico.
Según Montero, existen auténticas “fortalezas” levantadas por narcos en terrenos irregulares y la Junta tiene competencias suficientes para actuar.
El problema es que el foco ya no está únicamente en las competencias. Está en la credibilidad.
Porque el giro de Montero llega demasiado cerca de las urnas y muchos interpretan que no responde a una convicción política, sino al miedo al desgaste electoral.
El PSOE intenta apagar un incendio en plena campaña
La sensación dentro del PSOE andaluz es que la polémica amenazaba con convertirse en uno de los momentos decisivos de la campaña.
La imagen de los agentes fallecidos, el avance del narcotráfico y la percepción de falta de apoyo institucional han generado una enorme sensibilidad social.
Por eso el cambio de posición de Montero no ha pasado desapercibido. Especialmente porque llega después de días de críticas masivas y de una presión creciente desde asociaciones policiales.
Ahora la pregunta es otra: ¿llega demasiado tarde el giro del PSOE?
