La ex ministra de Hacienda defendió públicamente la concesión de 53 millones de euros de dinero público a la aerolínea
La investigación abierta en la Audiencia Nacional sobre el conocido como “caso Plus Ultra” ha vuelto a colocar al Gobierno en el centro de la polémica política. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental ha reactivado las críticas contra el Ejecutivo y, especialmente, contra la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, una de las principales defensoras del rescate público a la aerolínea.
La ayuda económica a Plus Ultra Líneas Aéreas fue aprobada por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. El paquete ascendió a 53 millones de euros, repartidos entre un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.
Montero defendió la legalidad del rescate de Plus Ultra
Desde que se autorizó la operación, Montero sostuvo públicamente que el procedimiento se ajustaba plenamente a la ley. En una comparecencia reciente en el Senado, durante la comisión de investigación sobre la gestión de la SEPI, la ministra insistió en que “todo se hizo conforme a la legalidad” y recordó que el expediente había sido analizado previamente por los tribunales antes de la reapertura del caso.
Las declaraciones de la dirigente socialista ya habían generado controversia en 2021, cuando llegó a asegurar en el Congreso que negar ayudas a una empresa que cumplía los requisitos podría considerarse “prevaricación”. Además, defendió que Plus Ultra debía ser considerada una compañía estratégica para España por su papel en el transporte aéreo y el turismo.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó públicamente el rescate meses después. Sánchez afirmó que las ayudas concedidas a las aerolíneas durante la pandemia se tramitaron con “total transparencia” y siguiendo estrictamente la normativa vigente.
La Audiencia Nacional investiga posibles influencias en la concesión de ayudas
La situación ha cambiado tras la reapertura de la investigación judicial. El juez José Luis Calama considera que la supuesta red de influencias vinculada a Zapatero habría desempeñado un “papel clave” en la aprobación de los fondos públicos destinados a Plus Ultra.
Según las diligencias judiciales conocidas en los últimos días, la Audiencia Nacional investiga si existió una estructura organizada para favorecer económicamente a la compañía aérea mediante intermediaciones y presuntas comisiones.
Polémica por el carácter “estratégico” de la aerolínea
Uno de los aspectos más cuestionados del rescate ha sido la consideración de Plus Ultra como empresa estratégica. Antes de la pandemia, la compañía apenas representaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España y operaba principalmente rutas con países latinoamericanos como Perú, Venezuela y Ecuador.
La oposición criticó desde el primer momento que la aerolínea no reunía las condiciones necesarias para acceder al fondo público diseñado para empresas estratégicas afectadas por la crisis sanitaria. Las dudas aumentaron posteriormente por la relación de parte del accionariado con empresarios venezolanos y por las investigaciones sobre presuntos movimientos de fondos y posibles comisiones relacionadas con el rescate.
El foco político vuelve sobre el Gobierno
Con la imputación de Zapatero y la investigación judicial en marcha, el foco político vuelve a situarse sobre el Ejecutivo que aprobó el rescate y sobre los dirigentes que durante años defendieron la operación. La causa judicial amenaza ahora con convertirse en uno de los asuntos más delicados para el Gobierno en el terreno político y mediático.
