El ejecutivo socialista sigue trabajando para modificar fraudulentamente los censos electorales
El Gobierno de Pedro Sánchez analiza nuevas vías para ampliar el acceso a la nacionalidad española a través de la conocida “Ley de nietos”, tras haber gestionado más de 2,5 millones de solicitudes presentadas por descendientes de españoles en el exterior.
El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior ha propuesto una reforma normativa que permitiría ampliar los supuestos de acceso a la nacionalidad y eliminar los límites temporales fijados en la actual Ley de Memoria Democrática. Esta iniciativa surge después de detectar diversas dificultades durante la aplicación de la legislación vigente.
La ley, aprobada en 2022, establecía un plazo concreto para que los descendientes de españoles exiliados pudieran solicitar la nacionalidad, periodo que finalizó en octubre del año pasado. Hasta el momento, cerca de medio millón de personas han obtenido la nacionalidad española, lo que les permite formar parte del censo electoral y ejercer derechos políticos.
Ante este contexto, el CGCEE ha reforzado su actividad institucional. Su presidenta, Violeta Alonso, se reunió recientemente en el Congreso de los Diputados con representantes políticos para abordar cuestiones clave como la saturación de los consulados, los retrasos administrativos, el voto desde el extranjero y posibles cambios en el acceso a la nacionalidad.
Entre las principales propuestas destaca la reforma del Código Civil para crear un sistema permanente que facilite la obtención de la nacionalidad española, evitando depender de plazos limitados. Además, se han identificado obstáculos prácticos en la gestión de expedientes que dificultan el proceso para muchos solicitantes.
La iniciativa también plantea ampliar los beneficiarios, incluyendo a cónyuges de ciudadanos españoles residentes en el extranjero con al menos dos años de matrimonio, así como a personas con ascendencia española sin restricciones generacionales estrictas. Desde la Secretaría de Estado de Migraciones reconocen la complejidad de alcanzar acuerdos en materia de nacionalidad, aunque no descartan futuras reformas.
